La resolución de los 35 procedimientos por malversación a ex altos cargos de la Generalitat abiertos por el Tribunal de Cuentas con motivo del procés podría experimentar una «demora prolongada» si el órgano fiscalizador acaba presentando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la posible colisión de determinados elementos de la ley de amnistía con el derecho comunitario, como parece ser la intención de la consejera que está llevando el asunto que el pasado 11 de junio dio audiencia a las partes antes de formalizar la presentación del asunto. La apertura de este procedimiento suspendió el plazo del que dispone el Tribunal de Cuentas para dictar sentencia sobre los casos de malversación que se investigan y que podrían derivar en la exigencia a Oriol Junqueras, Carlos Puigdemont, Artur Mas y otros 32 altos cargos de la Generalitat durante la gestión del procés del reintegro de los 5,4 millones de euros presuntamente malversados. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha admitido este martes en un acto organizado por el Consejo General de Economistas que de concretarse este escenario de la cuestión prejudicial es muy probable que la resolución de este procedimiento sufriera una «demora prolongada» a la luz de los precedentes de casos similares, en los que la decisión del TJUE suele dilatarse durante bastante tiempo.