Ron DeSantis extendió la emergencia migratoria en Florida, que permanece vigente desde hace casi tres años. El gobernador republicano insistió en que el Estado Soleado continúa bajo presión por el ingreso de extranjeros sin autorización, argumento que utilizó para justificar este nuevo decreto que amplía facultades extraordinarias.
Por La Nación
Qué significa la extensión de la emergencia migratoria en Florida
El documento firmado el 25 de noviembre de 2025 renovó por 60 días la emergencia declarada en enero de 2023. En ese texto, DeSantis afirmó que un “gran número de extranjeros ilegales” permanece en Florida y que los esfuerzos de deportación seguirán en curso.
La orden ejecutiva, cuya copia difundió la Oficina del Gobernador, ratificó que el Estado necesita mantener la coordinación y la utilización extraordinaria de recursos.
La extensión confirmó también que el decreto previo —la “Orden Ejecutiva 23-03?— expiraba el 28 de noviembre de 2025 y que su renovación era indispensable para sostener las facultades especiales concedidas al Ejecutivo.
De esta forma, la emergencia se aprobó con vigencia inmediata y habilitó al gobierno a conservar mecanismos excepcionales que ya generaron controversia en todo el estado.
Las consecuencias de la emergencia migratoria en Florida
Un análisis de Miami Herald destacó que, bajo el paraguas de esta situación extraordinaria, la División de Manejo de Emergencias anuló 25 normas y leyes estatales en los últimos tres años. Muchas de ellas pertenecían a ámbitos clave del control administrativo.
Lo que quedó temporalmente sin efecto incluyó:
-Obligaciones para los encargados de seleccionar contratistas de declarar por escrito la ausencia de conflictos de interés.
-Requisitos de verificación de antecedentes para quienes trabajaran como oficiales correccionales.
-Normas que obligaban a comunicar públicamente compras de agencias estatales.
-Protocolos de negociación competitiva para garantizar que los proveedores fueran los más calificados.
-La obligación de publicar licitaciones para permitir la participación de interesados.
-Procesos adicionales de competencia para contratos superiores a US$35.000.
-Exigencias de supervisión obligatoria en contratos que superaran los US$5 millones.
-Reglas para ambulancias aéreas estatales que debían cumplir con estándares básicos.
-Permisos requeridos para instalar baños portátiles.
-La prohibición de que altos funcionarios cobraran horas extra con fondos públicos.
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