Con el propósito de frenar la sistemática destrucción de los derechos de la masa obrera en la región, un equipo multidisciplinario de abogados, economistas y técnicos formalizó la creación del Foro de Defensa Laboral en Guayana. Esta nueva plataforma de acción ofrecerá asesoría jurídica especializada y se encargará de realizar el recálculo minucioso de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades mal pagadas tanto en el sector público como en el privado.
Por lapatilla.com
Los especialistas centrarán sus esfuerzos iniciales en desarmar el esquema de cálculo fraudulento aplicado en el grueso de las desincorporaciones de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), ejecutadas mediante jubilaciones anticipadas, despidos o bajo la figura ilegal de “servicios no requeridos”.
Los juristas Diego Castro y Fran Silva, voceros principales de la organización, denunciaron que el Ejecutivo Nacional ha liquidado al personal basándose de forma exclusiva en el salario mínimo tabular. Este mecanismo excluyó deliberadamente bonificaciones recurrentes, horas extras, tiempos de viaje y bonos vacacionales que, por ley, configuran el salario integral.
Un reflejo nítido de este escenario se evidencia en CVG Alcasa, donde se contabilizan más de 2.500 trabajadores afectados entre activos, jubilados y “no requeridos”; una realidad devastadora que, según el foro, se replica en todo el holding estatal.
Ante esto, el equipo legal fundamenta su estrategia en el desmontaje del polémico Memorándum 2792 (emitido el 11 de octubre de 2018), al cual calificaron como un simple papel sin validez constitucional.
Blindaje jurídico
Los voceros precisan un aspecto medular. “Las convenciones colectivas no están eliminadas, simplemente no se están cumpliendo”. Recordaron que, bajo el amparo del artículo 89 de la Constitución Nacional, los derechos laborales son sagrados, irrenunciables y progresivos.
Al tener los contratos colectivos la misma fuerza que una Ley Orgánica y estar protegidos por tratados internacionales, cualquier instructivo o circular ministerial que pretenda desmejorar los beneficios conquistados es nulo de toda nulidad. “El memorándum suspendió ilegalmente la aplicación de los convenios y autorizó al sector empresarial a pisotear los derechos de los trabajadores”, sentenció Silva.
Aunque reconocen que la justicia laboral se encuentra actualmente secuestrada, Castro enfatizó que el objetivo técnico en esta etapa es organizar los expedientes y estructurar una base de datos de reclamos que esté lista para ser ejecutada apenas se consolide un cambio político en el país.
Para avanzar con la recaudación de casos por retiros, incapacidades, jubilaciones o desincorporaciones forzosas, el Foro de Defensa Laboral activó una oficina de atención en Puerto Ordaz. Los afectados pueden consignar sus documentos en Alta Vista, Edificio Majo (al lado del Hotel Merú), nivel mezanina, oficina N° 4.