Las catástrofes naturales son inevitables. La improvisación de un gobierno, no.
El terremoto que golpeó al país dejó al descubierto algo más profundo que los daños materiales: evidenció las debilidades de un aparato estatal que, en el momento de mayor necesidad, no estuvo a la altura de las circunstancias. En una emergencia de esta magnitud, la ciudadanía no espera discursos ni propaganda; espera liderazgo, organización y respuestas inmediatas.
La capacidad de un gobierno no se mide en tiempos de estabilidad, sino cuando la vida de miles de personas depende de decisiones oportunas. Y, lamentablemente, la respuesta ha sido insuficiente frente al sufrimiento de quienes hoy esperan rescate, atención médica, alimentos y un techo donde pasar la noche.
Hay una imagen que resulta inevitable contrastar. Durante años vimos un enorme despliegue de efectivos militares para controlar manifestaciones, cercar universidades y reprimir a estudiantes que ejercían su derecho a protestar. La movilización de recursos y personal parecía no tener límites cuando el objetivo era contener el descontento social.
Hoy, frente a una tragedia nacional, muchos venezolanos se preguntan dónde está esa misma capacidad logística. ¿Dónde están los operativos masivos para rescatar víctimas, abrir vías de acceso, distribuir ayuda y acompañar a las comunidades devastadas? La pregunta no es un ataque; es una exigencia legítima de un pueblo que espera que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, especialmente en los momentos más difíciles.
La función de la Fuerza Armada debe ser proteger a la nación y servir a su población. En una emergencia humanitaria, su protagonismo debería estar en las labores de rescate, asistencia y reconstrucción. Esa es la imagen que el país necesita ver.
Mientras tanto, una vez más, son los ciudadanos, las organizaciones civiles, los voluntarios y las comunidades quienes demuestran que la solidaridad puede llegar más rápido que la burocracia. Venezuela vuelve a sostenerse gracias a su gente.
Como periodista, creo que el deber de la prensa no es aplaudir al poder ni guardar silencio frente a sus errores. Nuestro compromiso es con la verdad, con las víctimas y con el derecho de los ciudadanos a exigir una respuesta eficiente de quienes administran los recursos y las instituciones del Estado.
Porque los desastres naturales no distinguen ideologías. Pero la forma en que un gobierno responde a ellos sí define su capacidad, sus prioridades y el lugar que ocupa la vida de sus ciudadanos dentro de su agenda.
Cuando pase la emergencia y se apaguen las cámaras, quedará una pregunta que ningún discurso podrá responder por completo: ¿estuvo el Estado a la altura del sufrimiento de su pueblo?