El dolor por las pérdidas humanas en Venezuela es incalculable. Sin embargo, pasada la fase crítica de rescate, enfrentamos un nuevo riesgo: que la burocracia estatal agrave la crisis humanitaria de los sobrevivientes. La ocurrencia de dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 en el norte del país nos ha dejado un saldo devastador. Con más de 500 fallecidos, miles de heridos y la pérdida masiva de patrimonios, la prioridad inicial ha sido, con justa razón, salvar vidas.
Pero transcurridas las primeras 48 horas de la catástrofe, una dura realidad se impone: nuestro marco legal ordinario no está diseñado para procesar una emergencia de esta magnitud. La rigidez administrativa actual amenaza con paralizar la ayuda a quienes lo han perdido todo. Por ello, proponemos a la Asamblea Nacional la aprobación inmediata de un Bloque Legal de Contingencia fundamentado en cuatro pilares urgentes:
Primero: Identidad sin trabas para los sobrevivientes. Cientos de familias han perdido todos sus documentos físicos bajo los escombros. Sin cédula o partida de nacimiento, se hace imposible acceder a subsidios, atención médica prioritaria o incluso reagrupar familias. Es imperativo un Decreto Especial que ordene al SAIME y al Registro Civil habilitar la reposición gratuita y exprés de documentos, eliminando el requisito de testigos formales. Además, se debe otorgar validez inmediata a copias digitales y declaraciones juradas provisionales. La falta de un papel no puede ser un muro para recibir ayuda humanitaria.
Segundo: Dignidad y celeridad legal para las víctimas. Actualmente, el Código Civil exige plazos de hasta varios años para declarar legalmente la muerte presunta de una persona desaparecida. Ante el colapso de tantas estructuras, obligar a los deudos a enfrentar un litigio eterno es cruel e inviable. Debemos crear una Ley Especial de Procedimiento Sumarísimo para la Declaración de Fallecimiento por Catástrofe. Este mecanismo abreviado permitirá a viudas, huérfanos y familiares acceder de forma expedita a pensiones, cobrar seguros de vida o ejercer la custodia de menores, saltando la dolorosa espera de la jurisdicción civil ordinaria.
Tercero: Un respiro económico frente a las deudas y los alquileres. Aunque el sismo es un caso de fuerza mayor, dejar la resolución de alquileres y deudas en manos de tribunales saturados provocará un colapso judicial y económico. Quienes perdieron sus negocios o viviendas no pueden enfrentarse, además, a la quiebra inmediata o al desalojo. Mediante un Decreto de Emergencia Económica, se debe imponer una moratoria obligatoria sobre créditos hipotecarios, comerciales y tarjetas de crédito en las zonas afectadas. Igualmente, exigimos la suspensión temporal de los desalojos por impago en inmuebles dañados. Es momento de proteger a la gente y a las unidades productivas.
Cuarto: Construir para la vida: nuevas normas y cero impunidad. La caída de edificaciones residenciales ante estos sismos ha dejado una lección que no podemos ignorar: los parámetros del Ministerio de Vivienda y las normas sismorresistentes de SENCAMER están obsoletos frente a la actividad actual de la falla de Boconó. No podemos reconstruir el país con los mismos parámetros que acaban de fallar. Es necesario promulgar una Ley Nacional de Reconstrucción Urbana que actualice de inmediato los coeficientes de aceleración sísmica. Esto incluirá auditorías obligatorias para todo edificio de más de cuatro pisos en la región norte-central, y, de vital importancia, tipificará delitos penales específicos para constructores e ingenieros que omitan los nuevos estándares de seguridad.
La respuesta a esta crisis no puede fragmentarse en oficinas y ministerios aislados. El Estado debe actuar como un solo bloque. El llamado es a la acción. Exhortamos a la Asamblea Nacional a constituir hoy mismo una Comisión Legislativa de Emergencia, cuya tarea debe ser unificar estas cuatro reformas en un solo texto normativo de contingencia. La velocidad con la que actuemos hoy determinará si nuestro país transita de la tragedia a una reconstrucción ordenada, justa y con verdaderas garantías para todos los venezolanos.