La clásica imagen del censor militar que tachaba con tinta roja las páginas de un periódico quedó en el pasado. En la Venezuela actual, la censura se estilizó: adquirió carácter de ley y se aplica con frialdad desde los tribunales y las gacetas oficiales.
Hoy, la prensa libre y los ciudadanos no solo enfrentan la hostilidad de la calle; luchan contra un enemigo mucho más implacable: un andamiaje jurídico diseñado metódicamente para institucionalizar el silencio y convertir la verdad en un delito penal.
El laboratorio digital y el comodín de Conatel
El desmontaje de la libertad de expresión comenzó con internet. La reforma de la Ley Resorte-ME en 2010 introdujo conceptos tan ambiguos como “fomentar la zozobra” o “atentar contra la seguridad de la nación”. Como la ley no define qué significan, Conatel actúa como juez y parte. ¿El resultado? Decenas de portales informativos bloqueados y la obligación de usar VPN para poder leer las noticias de nuestro propio país.
El cerco se radicalizó en 2017 con la Ley Contra el Odio. Al imponer penas de hasta 20 años de prisión por discursos que, a discreción de un juez, inciten al odio, las redes sociales se convirtieron en un territorio minado. Ya no se persigue solo al reportero; se criminaliza al ciudadano común que denuncia el colapso de un servicio público en su comunidad.
De la difamación a los 30 años de cárcel
Mientras el derecho internacional pide despenalizar los delitos de opinión, el Código Penal venezolano mantiene la prisión para la difamación y blinda a los funcionarios con las figuras de “vilipendio” y “desacato”. Criticar a la burocracia es, por definición legal, un acto delictivo.
A esto se le sumó, a finales de noviembre de 2024, la Ley Simón Bolívar. Aunque el discurso oficial la vende como protección económica, su impacto en la prensa es devastador. Al establecer penas draconianas de hasta 30 años de prisión, confiscación de propiedades e inhabilitación política para quien “promueva o respalde” medidas coercitivas, el Estado impone de facto una verdad obligatoria. Un periodista que analice de manera independiente la inflación o publique datos económicos entra de inmediato en la zona de sospecha.
Redacciones bajo asedio: Las cifras del silencio
Esta pedagogía del temor golpea también a las universidades y las redacciones. El periodismo venezolano se ejerce en condiciones de resistencia extrema. Solo entre enero y mayo de este año, se consolidó la alarmante cifra de 97 incidentes de agresiones, detenciones cortas y restricciones al libre ejercicio periodístico. Las redacciones sobrevivientes operan bajo una autocensura preventiva para subsistir, sabiendo que una palabra incómoda puede significar el cierre de una emisora o una acusación de terrorismo.
La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas; es un derecho de toda la sociedad. Cuando se silencia un medio, se deja a oscuras a millones de ciudadanos. La historia demuestra que las sociedades que renuncian a la verdad a cambio de una falsa seguridad, terminan perdiendo ambas. El periodismo no es un delito. Mantener la palabra libre en las pantallas, a pesar del cerco jurídico, sigue siendo nuestra mayor forma de resistencia.
Edgar Cárdenas