En la memoria reciente de Ingrid Morales, el hogar no se define por un mapa, sino por los sonidos cotidianos que hoy extraña en su improvisado hogar de Valencia, Venezuela. El ruido de las herramientas con las que su esposo, Anderson Parra, regresaba de remodelar cocinas en el condado Clayton, Georgia; las risas de sus hijos Alonso, de 3 años, y Agustín, de apenas 1; y, sobre todo, el jadeo constante de Draco, Pato y Goofy, los tres perros que completaban el ecosistema de una vida construida a base de sacrificios.
Por Univision
Hoy, esa normalidad no existe; ha sido desmantelada por la maquinaria burocrática y el temor. “Con el dolor en el alma tuvimos que dejar a las mascotas atrás”, confiesa Ingrid, de 27 años, en una entrevista a N+ Univision que refleja el desgaste de quien ha tenido que elegir entre lo urgente y lo querido.
Mientras intenta reconstruir los cimientos de su vida en su país natal, sus pensamientos viajan constantemente a miles de kilómetros al norte, donde sus tres perros permanecen a la deriva, dependiendo de la caridad temporal de amigos y con el reloj en contra. La fractura de la familia Parra-Morales comenzó el pasado 4 de febrero de una manera tan mundana como trágica: una licencia de conducir vencida. Al regresar de su jornada laboral, Anderson, de 31 años y principal sostén económico del hogar, fue detenido. Aunque su jefe —un ciudadano estadounidense— pagó la multa de inmediato en una correccional de Clayton, la libertad nunca llegó. Al día siguiente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) asumió el caso.
El destino de Anderson ya no se decidiría en una oficina local de tránsito, sino en el circuito de los centros de detención migratoria que recorren el mapa de Georgia, Texas y Arizona. Para Ingrid, el arresto de su esposo activó una alerta de supervivencia. Llegados a Estados Unidos en julio de 2021 tras cruzar la frontera por Arizona, la pareja había cumplido con el protocolo legal: solicitaron asilo y asistieron a cada una de sus audiencias. Su próxima cita estaba programada para el 16 de septiembre de 2026.
Pero el sistema no esperó. “Por miedo, agarré rápido la opción de la autodeportación, por miedo a que fueran por mí y poder perder a mis hijos”, relata Ingrid. “Me quedé desamparada”. Sin los ingresos de Anderson y a cargo de dos bebés que apenas caminan, el departamento en Georgia dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa potencial.
El temor a que los agentes de ICE llamaran a su puerta y sus hijos quedaran bajo la custodia del Estado la llevó a firmar los papeles de la autodeportación. Fue una huida dictada por el pánico. Anderson fue expulsado a Venezuela el 17 de abril, tras pasar más de dos meses bajo custodia federal. Para entonces, Ingrid ya planificaba una retirada a toda prisa, una en la que el equipaje permitido no incluía el peso de la lealtad canina.
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