Este lunes 15 de junio, Rubén Pérez Silva, miembro del Consejo Nacional para la Revisión del Sistema de Justicia en Venezuela, juramentó a los integrantes del Consejo Estadal de Táchira, con el objetivo de levantar un diagnóstico sobre las causas de la crisis del sistema judicial y estructurar propuestas y soluciones concretas, proyecto que será presentado a quienes tomen las riendas del poder tras unas elecciones libres, trasparentes y democráticas.
Por: Luz Dary Depablos | Corresponsalía lapatilla.com
En este proyecto nacional participan unos 190 juristas de larga trayectoria en Venezuela. El equipo se encargará de definir los perfiles académicos, éticos y morales idóneos para quienes aspiren a ocupar cargos en el nuevo esquema judicial. La primera fase de la investigación se proyecta para los próximos dos meses.
Los promotores de la iniciativa reconocen el riesgo que implica asumir este compromiso en el contexto actual, pero lo consideran un paso fundamental para el restablecimiento institucional. Este plan de diagnóstico ya inició en los estados Falcón, Aragua, Barinas y Yaracuy, y se prevé extenderlo a todo el país.
Corrupción y debilidad institucional
A falta de una investigación de profundidad, los voceros señalaron que los problemas más graves detectados de forma preliminar son la corrupción generalizada, la falta de preparación de los administradores de justicia, así como la pérdida de autonomía judicial, pues es evidente que en la actualidad las decisiones dictadas por jueces y fiscales suelen responder a órdenes políticas.
Al ser consultado sobre el manejo de la justicia en el caso de los presos políticos, Pérez Silva se refirió a la situación de Perkins Rocha, consultor jurídico de María Corina Machado. “¿Qué delito cometió Perkins Rocha, uno de los más brillantes y talentosos juristas de este país, para que lo tuvieran secuestrado en El Helicoide y hace un par de meses le cambiaran el sitio de reclusión?”,cuestionó.
Asimismo, recordó que aunque Rocha se encuentra bajo la medida de casa por cárcel, permanece con vigilancia policial permanente y con grillete electrónico, por lo que no goza de libertad.
Por otra parte, enfatizó que cada Consejo Estadal funcionará de manera autónoma en su investigación. El propósito inicial es realizar un inventario regional de las necesidades y requerimientos de modificaciones elementales en el área penal y civil, considerada la columna vertebral de la democracia.
Por su parte, Jesús Berro, quien estará al frente de la comisión en Táchira, detalló que la evaluación no será únicamente cuantitativa, sino también cualitativa, priorizando la formación de los abogados ante el déficit de talento humano jurisdiccional.
Señaló que el ámbito penal tendrá prioridad por encima de las otras áreas y se estima que el informe final de la entidad esté listo en un lapso de cuatro meses, dependiendo del avance de las investigaciones.
Berro dijo que Táchira cuenta en la actualidad con aproximadamente 125 jueces para todas las áreas. Sin embargo, según los estándares de las Naciones Unidas, que recomiendan 65 jueces por cada 100.000 habitantes, el estado (con una población estimada de 1.300.000 personas) registra un déficit del 800 %.
Esta insuficiencia, sumada a la corrupción, representa una de las principales causas del congestionamiento del sistema judicial en la región.