Una grave denuncia por presunta estafa millonaria sacude a la administración pública en el estado Monagas. La empresa Bienes, Obras y Servicios Monagas C.A. (Bosmoca), ente adscrito a la gobernación chavista en la entidad, es acusada de adeudar una cifra que supera el millón y medio de dólares a una empresa contratista, por servicios prestados y no liquidados desde el año 2025.
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A pesar de que los servicios fueron contratados y ejecutados a inicios del año pasado, la administración pública regional ha guardado silencio, violando los compromisos financieros adquiridos.
Facturas y documentos obtenidos por La Patilla revelan la enorme deuda que tiene Bosmoca solo con una empresa contratista. El ente estatal por medio de maniobras se ha dilatado en cumplir con las responsabilidades adquiridas.
El abogado Guillermo González, representante legal de la empresa contratista de José Gerardino, denunció que la compañía adscrita a la gobernación usa como modus operandi -para presuntamente estafar a sus clientes-, la tercerización de las empresas, las cuales pasan de ser contratistas a “aliados comerciales”. Explica que Bosmoca establece como modelo de negociación la alianza, es decir, que los contratistas asumen la inversión, pero factura la empresa estadal.
Obra ejecutada, pero no cobrada
Entre los meses de enero y marzo, la empresa de José Gerardino ejecutó la obra bajo el contrato denominado “Mantenimiento integral de áreas verdes y espacios comunes en las áreas operacionales y administrativas de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente”, paquete Distrito Furrial por un monto de 1.570.551,78 dólares. Según los documentos, dicho monto debió pagarse en mayo de 2025, fecha en la que vencía el plazo para la cancelación.
En respuesta a una de las cartas enviadas a Bosmoca por parte de la firma jurídica, recibieron una misiva fechada el 22 de julio de 2025 firmada por una persona identificada como David Almeida, que, de acuerdo a lo manifestado por el abogado de la contratista, no trabaja para la empresa estadal, lo que considera como una irregularidad, pues se trataría de una contestación extraoficial.
El representante legal de José Gerardino señala que la factura fue emitida por la propia empresa Bienes, Obras y Servicios Monagas el 16 de julio y aprobada por Pdvsa días después.
No obstante, la comunicación recibida por parte de Bosmoca señala que la obra fue sometida a siete auditorías, tanto en físico como en campo, y es en la quinta valuación del periodo febrero/marzo donde se aprueba dicha obra, al tiempo que acota que el atraso en la facturación no es por negligencia de la compañía adscrita a la gobernación de Monagas.
En la misma carta asumen un “retraso significativo” en el pago en la factura correspondiente a la valuación 4 que se encontraba vencida y que la demora se debía al cambio de director ejecutivo de Producción Oriente, y se le instaba a comprender las razones del atraso.
Contactos infructuosos
Aunque el afectado sostuvo una conversación con el administrador de la empresa Bosmoca, igualmente se informó del caso al gobernador chavista Ernesto Luna por medio de un diputado de la Asamblea Nacional, de quien no se obtuvo el nombre. Posterior a ello, se le entregó toda la documentación al mandatario regional por parte de una exministra y solo recibieron la llamada del asistente del gobernador.
En dicha conversación, el funcionario lo remitió con Marcel Salazar, quien es el presidente de la empresa Gases Maturín C.A. (Gasmaca). Sin embargo, el abogado asegura que nunca ha entablado ningún tipo de conversación con Salazar.
Por su parte, los afectados hicieron los contactos necesarios en Pdvsa para que se cancelara dicha factura, logrando dos abonos que suman el 50% de la deuda, pero nada de ese pago fue entregado a la contratista que invirtió su capital para ello.
Daños económicos
El retraso prolongado en el pago del contrato ha generado pérdidas económicas y daño en el patrimonio de José Gerardino, ya que le ocasionó compromisos de préstamos con altos intereses, pues la promesa de pago era en un plazo no mayor a tres meses. Han transcurrido 12 meses desde que culminó la obra y afirma que su empresa está actualmente en bancarrota y tuvo que prescindir de sus 15 trabajadores.
En su caso personal, esta situación le ha generado crisis de estrés y deterioro de su salud, ya que le piden su casa y su vehículo a cambio de la deuda. Asimismo, ha habido acoso a su familia por parte de acreedores. Por tal razón, asegura que procederá junto a su apoderado legal a introducir una denuncia en el Ministerio Público a fin de resarcir el daño ocasionado.
Otros perjudicados
De acuerdo al abogado Guillermo González, este no sería el único caso donde Bosmoca incurre en impagos, ya que habría otras empresas en la misma situación, pero sus propietarios no se atreven a denunciar por temor a represalias. Sin embargo, destaca que su cliente sí tuvo la decisión de hacer pública esta denuncia, tomando en cuenta que ya había agotado las vías administrativas.
A pesar de que se trató de contactar al presidente de la empresa estadal, Guillermo Sánchez, para conocer su versión de los hechos, no fue posible, ya que al momento de acudir a la oficina, una empleada informó que no se encontraba ni tampoco el director, quienes son los únicos que podrían dar declaraciones.