Una semana después del operativo militar ejecutado en Las Claritas y Kilómetro 88, al sur del estado Bolívar, persisten el temor, la incertidumbre y la falta de información oficial sobre lo ocurrido durante la acción que culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Así lo advirtió la ONG Provea, que documentó testimonios de habitantes de la zona marcados por el silencio y la preocupación sobre el futuro de las comunidades mineras.
Según el reporte, el despliegue comenzó el 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, explosiones y desalojos en áreas mineras controladas por grupos armados irregulares.
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Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el 12 de junio sobre la operación que permitió neutralizar a “Niño Guerrero”, los pobladores aseguran que aún no existe claridad sobre la fecha exacta de su muerte ni sobre el alcance real de la intervención. Provea denunció que la opacidad de las autoridades venezolanas ha favorecido la difusión de rumores y desinformación.
La organización también señaló que el control ejercido durante años por estructuras criminales en las minas creó una especie de “Estado paralelo” en la región, donde buena parte de la actividad económica dependía de estos grupos.
Tras el operativo, comerciantes y residentes reportaron cierres de negocios, salida masiva de mineros y temor ante posibles saqueos o represalias. Además, continúan las interrogantes sobre otros cabecillas vinculados a las redes criminales que operan en el sur de Venezuela.
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Provea alertó que la ausencia de un plan integral para enfrentar la minería ilegal podría generar nuevos desplazamientos de población hacia municipios cercanos, agravando la crisis social en la zona.
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