El exparlamentario y defensor de derechos civiles afirmó que el sistema de justicia actúa como un brazo político del gobierno, haciendo imposible la autoinvestigación.
El abogado, exparlamentario y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, exigió firmemente a la presidenta interina —a menos de un mes de que venza su mandato— asumir la responsabilidad de sus denuncias sobre extorsión y “matraca” presuntamente perpetradas por jueces, fiscales y policías, procediendo a investigar y procesar penalmente a los responsables. Narváez lamentó que, tras 27 años en los que esta situación ha sido pública, notoria y comunicacional, las autoridades hayan actuado como cómplices.
“Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se encuentran en terapia intensiva debido al flagrante incumplimiento de las atribuciones y competencias establecidas en nuestra Constitución (CRBV). La subordinación descarada al Ejecutivo los convierte en aliados inseparables de la impunidad”, aseguró el especialista en derecho procesal penal.
Una reforma inviable
El jurista se refirió también al anuncio realizado hace unas semanas por la mandataria interina sobre una consulta para reformar el sistema de justicia penal. Al respecto, Narváez fue categórico en recordar la inviabilidad de dicha propuesta bajo el esquema actual.
“Le recuerdo que el sistema de justicia penal está integrado por los mismos personajes que usted hoy denuncia por extorsión y matraca: jueces, fiscales y policías”, expresó el exparlamentario, cuestionando la efectividad de la medida.
Exigencia a la Asamblea Nacional
Para finalizar, el defensor de derechos civiles hizo un llamado urgente al Parlamento para que asuma su rol constitucional y proceda a una renovación profunda de los poderes.
Narváez exigió a la Asamblea Nacional (AN) “arroparse por primera vez con la CRBV” y seleccionar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Subrayó que este nuevo cuerpo magistrado debe estar completamente desvinculado del “oscuro pasado de los últimos 27 años”, período en el cual, afirmó, el sistema se dedicó a vulnerar sistemáticamente los derechos civiles y políticos, las garantías constitucionales y los derechos humanos de la ciudadanía.