MIGUEL GUTIERREZ (EFE)
La reforma del sistema de justicia penal en Venezuela, promovida por el régimen de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, avanza en medio de profundas dudas sobre su alcance real y su falta de transparencia institucional. Casi seis meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que sacó del poder a Nicolás Maduro, el proceso de reestructuración —que incluye la renovación exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una polémica ley de amnistía— se enfrenta a la resistencia de los propios tribunales chavistas, que mantienen casi intactas las prácticas de persecución y sumisión al Ejecutivo denunciadas por Naciones Unidas.
Por El País
“Estoy que corro”, admitió hace unos días la defensora del pueblo de Venezuela, la abogada Eglée González Lobato, al tomar la palabra en una reunión de la Comisión de la Revolución Judicial presidida por Diosdado Cabello. La frase, espontánea pero sintomática, resumía la envergadura de la transformación del sistema de justicia penal prometida por el Gobierno. “Es una situación de una complejidad y una vulnerabilidad que solo puede resolverse si se cuenta con coordinación y puertas abiertas. Nosotros tenemos que atender a todos con independencia y autonomía”, añadió. Sus palabras, sin embargo, reflejan una realidad incómoda: la reforma avanza sin reglas claras y despierta profundas dudas sobre sus verdaderos alcances.
Tras la intervención militar estadounidense, las nuevas autoridades anunciaron un giro drástico respecto a la política represiva que durante años dejó miles de perseguidos, encarcelados y exiliados. En ese engranaje, los tribunales desempeñaron un papel clave, tal como documentaron los informes de Naciones Unidas. Casi seis meses después, la reforma parece avanzar en dos planos paralelos y contradictorios: el de los anuncios oficiales y las consultas públicas, y el de las viejas prácticas que continúan enquistadas en los juzgados.
La dualidad de la amnistía
La ley de amnistía, considerada el primer paso en el camino de la transición, expuso de inmediato esta dualidad. El alcance político de la norma chocó pronto con jueces que se negaron a firmar excarcelaciones o que aplicaron medidas restrictivas de forma selectiva. “La ley de amnistía pudo haber sido un paso muy importante, pero se quedó muy corta. No todas las personas han sido favorecidas; hay quienes siguen sometidas a procesos judiciales y ahí se ven las debilidades de la falta de autonomía. Con jueces garantistas se hubiese interpretado una ley que es corta de una forma diferente”, señala la abogada penalista Magaly Vásquez.
A la amnistía le han seguido los nombramientos de nuevas cabezas en los poderes del Estado. El nuevo fiscal general, Larry Devoe, ya venía operando en un sistema cooptado por el Ejecutivo. Por su parte, la defensora González Lobato fue propuesta por la minoritaria bancada opositora en la Asamblea Nacional, una designación que algunos sectores ven como una concesión limitada dentro de un proceso totalmente controlado por el chavismo.
Para leer la nota completa ingrese AQUÍ