Dentro de las campos de golf de Caraballeda, entre palmeras y árboles de raíces gruesas, hay un campamento que no estaba ahí hace diez días. Carpas verdes y azules alineadas sobre la tierra seca. Lonas negras cubren lo que las carpas no alcanzan. Un hombre en chancletas revisa su teléfono sentado en una silla de plástico mientras un niño lo mira de pie. Detrás de la reja perimetral, los esqueletos de los edificios colapsados. Colchones inflables, motos, botellas de agua vacías, ropa tendida sobre cuerdas improvisadas entre los árboles.
Por ABC
Natalie Navarro tiene 25 años y duerme aquí desde el 24 de junio. Vivía en el piso siete de la torre K del OPPPE 26. Cuando empezó el terremoto, acababa de cerrar la cancela de su apartamento. Bajó corriendo por las escaleras. Al llegar abajo, la torre I ya no existía. Ahí estaban su abuela, su padre, su madre, su hermano y dos sobrinos. Seis familiares bajo los escombros de un edificio que el Gobierno de Hugo Chávez construyó para reubicar a los damnificados de las lluvias de 2010. La familia ya había perdido todo en el corrimiento de tierra de 1999 en Vargas. Los reubicaron allí como solución definitiva. La solución los aplastó 27 años después.
Su hermano Charly Jaramillo llegó la misma noche del terremoto desde Petare, donde vive ahora. Agrega que había hablado minutos antes con su familia y estaban todos reunidos tomando café cuando la tierra se movió. «Nos vendieron estos edificios como un sitio seguro y mira lo que ha ocurrido», se queja. Jaramillo propone demoler un edificio vacío cercano para meter maquinaria pesada y acceder a los escombros. «Yo no quiero ir al refugio. Nosotros lo que queremos es sacar al familiar de ahí y llevárnoslo». Ni Natalie ni Charly se han movido del campamento. Esperan. No saben si esperan un rescate o un cuerpo, pero sí la certeza de que no volverán a vivir más nunca en ese estado.
La Guaira no es solo el estado más golpeado por los seísmos del 24 de junio. Es el lugar donde Venezuela ha albergado durante un cuarto de siglo a sus damnificados. Después del deslave de 1999, que mató a más de 10.000 personas en esta misma franja costera. Después de las riadas de 2005 y 2010. Después de las lluvias torrenciales de 2011. Cada vez, la respuesta fue la misma: construir torres sobre suelos blandos y reubicar ahí a quienes lo habían perdido todo. El Gobierno cifra en 15.866 las personas sin vivienda y en 28.380 las que no pueden volver hasta que culminen las inspecciones técnicas. La NASA, con imágenes satelitales, estima hasta 60.000 estructuras dañadas. La distancia entre ambas cifras se mide en familias que nadie cuenta.
Solo las urbanizaciones OPPPE 26 y OPPPE 27, aquí en el sector Caribe, sumaban 17 bloques y 1.268 apartamentos. Cerca de 2.700 personas vivían en torres de doce pisos y 51 metros de altura, construidas a la carrera antes de las elecciones de 2012. Richard Casanova, directivo del Colegio de Ingenieros, lo ha declarado sin rodeos: la vivienda pública bajo la Gran Misión Vivienda «ha sido una historia de corrupción y construcciones de mala calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni cumplimiento de códigos específicos».
«La vivienda pública bajo la Gran Misión Vivienda ha sido una historia de corrupción y construcciones de mala calidad, levantadas sin supervisión», Richard Casanova, Directivo del Colegio de Ingenieros.
En la urbanización Mare Abajo 2, en Playa Verde, a pocos kilómetros del campamento del golf, los bloques amarillos de cinco pisos muestran las entrañas desde la avenida: fachadas arrancadas, ventanas vacías, pisos superiores reventados. En una pared sobrevive un mural con los ojos de Chávez. Una grieta lo parte por la mitad. Un muro con murales coloridos separa las ruinas de la vía donde los coches siguen pasando.
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