Reconozco, en primer término, el derecho inalienable de los mortales a expresar de viva voz sus ideas y pensamientos. No se trata de una concesión graciosa ni de una moda contemporánea; es un principio civilizatorio. Como periodista, además, no solo lo reconozco; estoy éticamente obligado a defenderlo. La libertad de expresión no es un accesorio del debate público, es su condición de posibilidad. Sin ella, la sociedad se empobrece, la crítica se extingue y el poder —cualquiera que sea su signo— se vuelve opaco e impune.
Pero conviene decirlo sin ambages: que toda opinión pueda ser emitida no significa que toda opinión sea respetable. Una opinión es, por definición, un punto de vista; una aproximación parcial a la realidad; una interpretación situada. No es la verdad. No es una sentencia apodíctica. Y, en consecuencia, nadie está obligado a tolerarla como si fuese un hecho irrebatible. Además, la libertad de expresión es un derecho fundamental que en su ejercicio demanda responsabilidad cívica.
Otra cosa muy distinta es el juicio sobre el valor, la calidad o la ética de lo que se dice. La defensa del derecho no obliga a considerar respetable cada opinión, ni a tratar toda intervención como si fuera un hecho irrefutable. Podemos —y debemos— decir que ciertos contenidos son detestables, dañinos, repletos de ignorancia, sin por ello reclamar que el Estado los silencie con poder de fuego.
De hecho, muchas de esas opiniones son aborrecibles, esas mismas que sobreabundan en las RRSS. Otras, francamente son detestables. Y las más de las veces, están atravesadas por una ignorancia insondable que no se disimula con estridencia ni con volumen. Existen, por supuesto, opiniones valiosas, juiciosas, oportunas, útiles y pedagógicas. Pero compiten en abierta desventaja frente a las burdas, porque el algoritmo -ese árbitro invisible del debate contemporáneo- premia la exageración, la ira y el sesgo por encima de la evidencia y la mesura.
No olvidemos que, para las redes, una mentira bien condimentada resulta más apetecible que una verdad sobria. La irracionalidad, cuando está preñada de sesgos, circula con mayor velocidad que los hechos verificados. En ese ecosistema, la verdad no solo pierde terreno: se vuelve, para muchos, sencillamente aburrida. Las redes sociales han ampliado de manera exponencial la circulación de ideas. Eso incluye, inevitablemente, tanto las certezas necesarias como las falsedades más grotescas. De modo que quienes se erigen en portadores de “verdades” deberían asumir, con un mínimo de honestidad intelectual, que la racionalidad no siempre los acompaña.
Los códigos de ética periodística enfatizan precisamente esa doble dimensión: defensa irrestricta de la libertad de expresión y, a la vez, compromiso con no difundir material falso, engañoso o deformado. Es decir: no se protege la mentira como valor, se protege el derecho de la persona a hablar, y se asigna a los profesionales la responsabilidad de contrarrestar la mentira con información verificada, contexto y rigor. Quienes difunden ruido merecen respeto, pero lo que se respeta es su condición de sujetos de derecho, no la calidad de su discurso. Desde allí, el periodista tiene margen para ejercer una crítica severa, desmontar falacias, denunciar prácticas tóxicas en redes y defender protocolos profesionales, sin pedir que se clausure la libertad de expresión de los otros.
Hoy, además, el país enfrenta una circunstancia que exige otra estatura moral. Los sismos del 24 de junio de 2026 han dejado a miles de venezolanos en condición de vulnerabilidad. Ante esa tragedia, lo mínimo exigible es un tratamiento respetuoso, equilibrado, justo y profundamente humano hacia nuestros hermanos en desgracia.
Sin embargo, como si no bastara con la devastación, el régimen ha decidido —una vez más— vulnerar de forma grotesca y criminal el espacio que la ley, la Constitución, el buen juicio y el sentido común reservan al ejercicio del periodismo. No se trata de una prerrogativa corporativa. El periodista es un ciudadano que recibe una licencia del Estado para garantizar el derecho de la sociedad a estar debidamente informada sobre todo aquello que resulta relevante, incluidas —y especialmente— las tragedias.
Las personas tienen una necesidad intrínseca, un instinto de saber que no se circunscribe a su experiencia directa, en razón de ello, conocer lo que no podemos ver con nuestros propios ojos proporciona, seguridad, poder y confianza. El periodismo no es más que el sistema que la sociedad diseñó para suministrarnos esa información, un acto que satisface plenamente “ese instinto de estar debidamente informados”. Para nuestra tragedia personal-profesional, las noticias se están convirtiendo en entretenimiento, y el entretenimiento, en noticia.
En ese contexto, “los influencers”, los llamados “creadores de contenido” y, con particular énfasis, los habladores de paja, introducen un ruido innecesario que entorpece la comprensión de los hechos. Difunden medias verdades, exhiben su ego y sus carencias como si fuesen asuntos de interés público, y convierten la banalidad en un producto de primera necesidad. Maltratan el idioma, potencian el mal gusto y hacen de la procacidad una marca de estilo, todo ello bajo una falsa cercanía con la audiencia que no es sino una forma de irrespeto.
Este momento, marcado por la tragedia, no admite frivolidades. Nos exige solidaridad efectiva y, al mismo tiempo, rigor. Nos obliga a ser cuidadosos en la difusión de imágenes y detalles, a respetar los códigos y protocolos profesionales que existen precisamente para preservar la dignidad de las víctimas. No difundamos versiones cuyo origen no pueda ser verificado con precisión. No alimentemos el morbo. El periodismo profesional no fue concebido para amplificar rumores ni para dar cabida a especulaciones, dogmas o fantasías conspirativas. Su razón de ser es la difusión de hechos comprobables.
Y si su desangelada vida requiere la vitrina de las redes para confirmar su propia existencia, al menos por esta vez, hagan una pausa. Permitan que los profesionales —los que se formaron, los que estudiaron, los que asumieron una responsabilidad pública— hagan su trabajo. Si desean contribuir, háganlo denunciando los obstáculos que el poder impone al ejercicio libre del periodismo. No toda la gente que “vive en redes” es prisionera de una patología narcisista, pero sí hay una mezcla explosiva entre necesidad de validación, diseño adictivo de las plataformas y rasgos de narcisismo que el ecosistema digital potencia y recompensa. Más que hablar de un diagnóstico clínico de masas, conviene pensar en una cultura del yo hiperexpuesto y permanentemente evaluado, donde muchos terminan comportándose como “narcisos digitales” sin necesariamente tener un trastorno de personalidad.
Bájenle dos a la parodia. No estamos para chanzas ni chistes fáciles. Si necesitan clics y seguidores, búsquenlos por una vía más digna. Hoy, más que nunca, la palabra debe estar al servicio de la verdad y del respeto. Lo demás es ruido. Y el país ya tiene demasiado.
Alfredo Alvarez/ CNP 5289.