La ingeniería, como la medicina, es una profesión que salva vidas. Cada muestra patológica rescatada de un derrumbe es la autopsia técnica que evitará el próximo colapso. Destruir esa evidencia es condenar al futuro a la misma tragedia.
El doblete sísmico que recientemente sacudió a La Guaira, Caraballeda y Catia La Mar (el “terremotazo” para su registro histórico) ha dejado al descubierto mucho más que la alarmante vulnerabilidad de nuestras edificaciones contemporáneas y las de la Gran Misión Vivienda.
Tenemos que ser muy desprevenidos e indolentes para no observar el intento de imponer un patrón sistemático de impunidad: Las primeras acciones del régimen interino por limpiar apresuradamente las zonas afectadas, bloqueando el acceso a peritos independientes y con ello amenazando con desaparecer las muestras patológicas de las estructuras colapsadas antes de que puedan ser sometidas a una rigurosa ingeniería forense.
Un edificio derrumbado es, ante todo, una escena del crimen técnico. Los núcleos de concreto, las secciones de acero de refuerzo desprendidas y la geometría de las juntas fallidas son los únicos testigos capaces de revelar si el desastre se debió exclusivamente a la fuerza de la naturaleza o si fue catalizado por vicios ocultos de construcción, fatiga de materiales, ausencia de criterios sismorresistentes o la falta absoluta de mantenimiento correctivo ante la agresividad del ambiente marino. Desaparecer esos escombros sin un inventario científico no es limpiar; es destruir evidencia criminal de altísima utilidad.
Esas muestras patológicas son de interés mundial. Ingenieros de Chile, Mexico, Japón, y otros países con alta sismicidad, están atentos en saber cómo un doblete sísmico, con momentos superiores a 7, afectó las edificaciones. Y la razón es muy sencilla, la ingeniería es una profesión que salva vidas, tal como lo hace la medicina.
La lección republicana de 1967
La historia de la ingeniería venezolana ya transitó por esta encrucijada con un espíritu radicalmente opuesto. Tras el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, el país no optó por el ocultamiento. En un esfuerzo institucional ejemplar, las muestras patológicas e incluso componentes enteros de los edificios colapsados en Altamira y Los Palos Grandes fueron trasladados de manera sistemática a las pistas del Aeropuerto de La Carlota.
Desde ese centro de acopio técnico, los restos estructurales fueron distribuidos a las verdaderas casas matrices del conocimiento en Venezuela: nuestras universidades y academias nacionales. Investigadores, ingenieros y profesores universitarios analizaron el comportamiento real del concreto y el acero bajo el esfuerzo sísmico.
El resultado de esa transparencia científica no se hizo esperar: se procesaron los datos, se comprendieron las fallas por “piso débil” y por confinamiento de nodos, y se refundaron las normas de construcción sismorresistente del país (MOP 1967 y posteriormente las normas Covenin). Aquel manejo técnico e institucional transparente de los escombros, liderado por un gran ingeniero venezolano, Pedro Pablo Azpúrua, dictó pauta a nivel internacional y, por encima de todo, ha salvado miles de vidas a lo largo de las últimas décadas en Venezuela y el continente.
Ciencia versus impunidad
Hoy, la pretensión de ocultar las muestras en los vertederos improvisados de Vargas, incluso ese demencial intento de arrojarlos al mar, busca quebrar esa cadena de aprendizaje y eludir responsabilidades civiles y penales.
Necesitamos la ingeniería forense por dos razones urgentes:
Responsabilidad y Justicia: Determinar las fallas de origen en las obras civiles y la negligencia fiscalizadora del Estado en las infraestructuras colapsadas.
Actualización de la Norma: El sismo de 2026 ha arrojado datos empíricos sobre la respuesta de materiales y tipologías de vivienda masiva que la academia debe procesar para adecuar las normas constructivas vigentes a las realidades del siglo XXI.
No convocar e impedir el acceso del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de las facultades de ingeniería y de los laboratorios independientes a las zonas de desastre es un acto de flagrante irresponsabilidad pública. Exigimos la preservación inmediata de los componentes estructurales y su traslado a centros de custodia académica.
Los escombros de Vargas no deben ser tratados como basura para ocultar la corrupción; deben ser entregados a la ciencia para garantizar la seguridad de las generaciones futuras.
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial, No. 45191 del CIV. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad