Tras los recientes temblores que sacudieron al país, el debate sobre qué pasará con las estructuras dañadas está encendido.
Sin embargo, echar abajo un edificio no es soplar y hacer botellas, las demoliciones deben cumplir obligatoriamente con estrictos protocolos técnicos, supervisión del Estado y rigurosa seguridad industrial, advirtió Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción (CBC).
El experto aclaró que este proceso exige una inspección previa profunda por parte de especialistas y el visto bueno de las alcaldías para garantizar que la posterior reconstrucción sea 100% segura.
“Los protocolos necesarios para acometer este tipo de actividades deben estar plenamente rectorizados e inspeccionados por los entes gubernamentales”, señaló Hernández en entrevista para Unión Radio.
¿Quiénes tienen la última palabra?
Hernández precisó que la drástica decisión de demoler una edificación no queda en manos de cualquiera.
Existe un equipo multidisciplinario que evalúa cada caso y está conformado por:
El Ministerio de Vivienda y Hábitat.
Funvisis (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas).
El Ministerio de Obras Públicas.
La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, liderada por Francisco Garcés.
El presidente de la CBC llamó a la calma a la población y explicó que los daños superficiales suelen alarmar, pero los ingenieros miran más allá.
“Una cosa es ver que se cayó una pared en un edificio y otra cosa es cómo están las fundaciones, cómo están las bases, cómo está la estructura para saber si realmente quedó en condiciones de soportar otro nivel sísmico”, detalló.
Empresas internacionales meten la mano
Ante el volumen de infraestructuras por revisar, el vocero gremial admitió que “la demanda es considerable”.
Por esta razón, confirmó que ya hay empresas internacionales apoyando las labores técnicas en el país para avanzar “paso a paso” en el diagnóstico definitivo de las comunidades afectadas.
Con información del diario 2001