El ‘doblete’ del 24 de junio desnudó la tragedia que ha significado para Venezuela las casi tres décadas del régimen que comenzó con Hugo Chávez en febrero de 1999.
Es innegable que el movimiento sísmico fue de una intensidad inusual. El desplazamiento, casi al mismo tiempo, de dos capas tectónicas constituye un fenómeno que ocurre pocas veces. Sin embargo, los expertos en la materia desde hace décadas han advertido que la zona norte de Caracas, especialmente Los Palos Grandes y las urbanizaciones aledañas, al igual que el litoral central, están asentadas sobre terrenos de intensa actividad geológica. Los estudios en la materia se intensificaron después del terremoto de 1967, que alcanzó 6.7 en la escala de Richter, causando daños devastadores, precisamente en Los Palos Grandes y en el litoral guaireño.
El Gobierno estaba obligado a conocer esos estudios y a tomar todas las previsiones del caso. El sismo del 24 de junio no era posible de evitar, pero sí podía haberse reducido muchísimo el pavoroso impacto que ha tenido en la población, sobre todo en vidas humanas, si el Ejecutivo se hubiese preparado para enfrentar la crisis tal como el sentido de responsabilidad y los principios del Buen Gobierno -concepto cada vez más extendido en el mundo- aconsejan. Los apartamentos de la Misión Vivienda en Playa Grande representan un claro ejemplo del desprecio del chavismo por el conocimiento técnico y del amor infinito que siente por el dinero proveniente de la corrupción.
El 24 de junio dejó al descubierto que Venezuela se quedó sin Estado y sin Gobierno. Sin instituciones permanentes que funcionen de forma eficaz en los momentos que la sociedad lo requiere y sin órganos ejecutivos preparados para llevar a la práctica las directrices y planes acordados por las dependencias gubernamentales.
Durante las horas que siguieron al día del terremoto, fue palpable el desconcierto del gobierno de Delcy Rodríguez. La cúpula ejecutiva no sabía cómo actuar. No pudo activar ningún plan de contingencia. Dominaba la improvisación. El caos frente a un hecho que los sobrepasó sin que tuvieran ninguna respuesta anticipada.
De no haber sido por la iniciativa y la solidaridad popular -y el compromiso de las misiones internacionales que han llegado al país- el número de muertos y desaparecidos sería aún mayor. La sociedad civil le ha lavado un poco el rostro al régimen. Ha atenuado su estulticia. De esta fase inicial, en la que la gente de forma espontánea se volcó a ayudar a sus vecinos y conocidos, se ha ido pasando al reclamo tenaz por el auxilio que no llega. Se ha avanzado en la denuncia abierta por la parálisis de las instituciones obligadas a atender a los damnificados. La población está indignada por la desidia y los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad.
La gente se pregunta dónde está Defensa Civil. Dónde los dos mil generales con los que cuenta la Fuerza Armada, que deberían estar al frente de las operaciones de rescate. Dónde los tres millones de milicianos de los que se jactaba Nicolás Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Dónde los famosos ‘planes estratégicos’ que nos enrostraban a cada rato los jerarcas del régimen. En realidad, no están en ningún lugar: o fueron borrados por la negligencia oficial; o integran la burocracia obesa e inútil fomentada por el chavismo; o forman parte de las fantasías de un régimen mitómano
Uno de los signos más evidentes del Estado fallido existente en la nación, de la ausencia de independencia entre los Poderes Públicos y de la inutilidad del Ejecutivo, es que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sea quien presenta los reportes diarios -por cierto, bastante inexactos- de la tragedia. El señor Rodríguez fue electo diputado. Es miembro de un órgano legislativo, sin competencias constitucionales para desempeñarse como miembro del Gobierno. El Ejecutivo Nacional cuenta con 33 ministros, entre ellos el de Habitad y Vivienda, el de Infraestructura, y el de Comunicación e Información. Pues resulta que ninguno de ellos está autorizado para informarle al país de la evolución de los acontecimientos. La tarea la cumple un parlamentario, hermano de la encargada de la presidencia, miembro del triunvirato que gobierna a Venezuela.
El desmantelamiento del Estado y del Gobierno, su precariedad, ha sido ampliamente comentada por algunos de los mejores analistas del país y denunciada por la población. El Gobierno no ha salido ileso de este episodio. No puede mostrarse como si acabase de llegar a Miraflores y estuviese enterándose de los secretos de la gobernanza.
La crisis hospitalaria, la falta de suministros médicos, la escasez generalizada y el caos que impera en los centros de salud y en la conducción global de la crisis, es responsabilidad directa del Gobierno.
Venezuela quedará eternamente agradecida del apoyo de los rescatistas internacionales que vinieron en nuestro auxilio, de los países que han brindado su apoyo incondicional y de los propios compatriotas que con mística se han dedicado a salvar vidas.
Todos ellos han mitigado, en parte, la catástrofe de las últimas décadas.
@trinomarquezc