Estados Unidos ha acelerado y modificado sus planes para la transición política en Venezuela después de los terremotos del 24 de junio y estudia una fórmula extraordinaria de administración y tutela transicional que permita dirigir la reconstrucción, evitar un vacío institucional y preparar unas elecciones democráticas, según fuentes conocedoras de las discusiones internas en Washington.
Por David Alandete / abc.es
El proyecto, todavía en una fase preliminar, contempla el envío a Venezuela de unas 3.000 personas y una inversión inicial próxima a los 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros). No se trataría de un contingente militar ni de una fuerza de combate. Una parte importante del equipo procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañada por especialistas civiles en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones, energía y ordenación territorial.
Su misión sería participar en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los seísmos. También asumirían tareas de coordinación de la ayuda y de planificación de las prioridades para reconstruir las zonas más afectadas.
Durante semanas, el equipo de Donald Trump ha analizado distintas fórmulas para asumir un mayor control sobre la transición venezolana. El propio presidente ha llegado a bromear en público con la posibilidad de convertir Venezuela en el Estado número 51 de Estados Unidos, una hipótesis que no forma parte de los planes reales examinados por su Administración.
La idea que se discute consiste en dotar al país de una estructura provisional con capacidad para afrontar la emergencia, sostener los servicios básicos y evitar que la reconstrucción quede enteramente bajo el control de las instituciones heredadas del chavismo.
Una fuente consultada por ABC compara el modelo, con todas las cautelas, con los acuerdos de libre asociación que EE.UU. mantiene con las Islas Marshall y otros pequeños Estados del Pacífico. La comparación es únicamente política y funcional. Aquellos acuerdos fueron negociados entre países soberanos y regulan materias como la defensa, la financiación y la libre circulación. Venezuela se encuentra en una situación constitucional, territorial e institucional completamente distinta.
El plan continúa en discusión y no ha sido aprobado ni anunciado públicamente por la Casa Blanca. Tampoco existe una fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente o qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias.
La propuesta ha provocado algunas resistencias dentro de la Administración Trump. Washington busca establecer una presencia estadounidense amplia, con responsabilidades concretas y capacidad de supervisión, pero sin anexionarse Venezuela ni integrarla formalmente en Estados Unidos. Sería una tutela temporal y limitada, vinculada a la emergencia, la reconstrucción y la transición política.
La hoja de ruta de EEUU
El primer movimiento visible de esa nueva arquitectura se produjo esta semana con el anuncio de una mesa de trabajo entre las dos asambleas nacionales que reclaman autoridad en Venezuela: la elegida en 2015, reconocida por EE.UU. y por una parte de la oposición como la última institución legislativa legítima, y la controlada por el chavismo.
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, presidente de la cámara creada posteriormente bajo control del régimen y hermano de la actual presidenta, anunciaron por separado el inicio de una «agenda de trabajo conjunta» a partir del próximo 1 de agosto.
Ambas partes presentan el diálogo como una respuesta a la emergencia provocada por los terremotos y como un instrumento para promover la reconstrucción, la estabilidad y el «fortalecimiento de la democracia». El proceso cuenta con respaldo estadounidense y sitúa a Washington en una posición central dentro de la reorganización política del país.
El anuncio no contiene todavía un acuerdo sobre elecciones, liberación de presos políticos, regreso de los exiliados o distribución del poder. Tampoco resuelve la disputa sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de la caída de Nicolás Maduro y se ha convertido en la principal interlocutora de EE.UU. dentro del aparato chavista.
Lo que inaugura el acuerdo es una negociación formal entre una parte de la oposición institucional y la estructura legislativa del régimen. La catástrofe humanitaria proporciona la justificación inmediata para sentarlos en una misma mesa, pero el alcance del proceso puede ir mucho más allá de la reconstrucción.
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