El derecho a seguir viviendo, aunque sea sin vivienda. Ese es el clamor de miles de ciudadanos venezolanos atenazados por los efectos de la catástrofe que sacudió a Venezuela la tarde del pasado 24 de junio. El inventario de fallecidos nos deja un frío en el alma, el número de heridos es alarmantemente alto y, a ese dolor, se suma la descomunal y espeluznante cifra de más de 60 mil desaparecidos.
Como advertimos en nuestra crónica anterior, los sucesos naturales, como los terremotos, son inevitables, pero lo que sí es perfectamente evitable es la improvisación. O algo aún más penoso y reprochable: la absoluta falta de previsión. La dolorosa realidad es que en Venezuela desmantelaron los instrumentos técnicos y los grupos de élite que debieron cumplir labores inmediatas de rescate. De haber estado activos, habrían permitido al país reaccionar con protocolos, códigos y acciones preventivas eficaces, en lugar de reducirnos a un Estado meramente reactivo ante la furia de los dos terremotos que nos zarandearon ese día.
Los análisis compartidos recientemente por el Dr. Raúl Esteves, geofísico de la Universidad de Los Andes (ULA), certifican la magnitud de la desidia, la irresponsabilidad y la pésima gestión pública: de las 300 estaciones de monitoreo sísmico que funcionaban en el país, hoy solo están operando cuatro. Un ejemplo patético es el estado Mérida, que contaba con 25 estaciones dirigidas por 14 profesores especialistas de la ULA; actualmente, todas están fuera de servicio.
Un país sin instituciones solventes, donde el Estado de derecho desapareció, donde violar los derechos humanos o arrebatar la propiedad privada es la norma, y donde opinar es un delito castigado con cárcel, deja de ser una república. Un territorio donde impera el robo, el saqueo, el tráfico de seres humanos y el ecocidio para piratear nuestro el oro; donde se pacta con cárteles de la droga, se amparan células terroristas y se desconocen los resultados electorales para usurpar los poderes públicos, nos reduce, inevitablemente, a un Estado fallido. Ese es el sismo más letal que venimos padeciendo, réplica tras réplica, durante los últimos 27 años. Cuánta razón ha tenido ese ciudadano que exclamó recientemente, en el marco de una protesta de calle, que al extraer al dictador Maduro “se llevaron a Alí Babá, pero nos dejaron a los 40 ladrones”.
Por eso no extraña la insólita respuesta del régimen en las primeras horas posteriores a los sismos. Ni los bomberos ni los cuerpos de Defensa Civil contaban con los recursos mínimos para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. De allí que tuviéramos que apelar a la solidaridad de los «topos» de El Salvador, México, Panamá, España, Francia y Costa Rica, entre tantas otras naciones hermanas. Ante esa patética realidad, resulta asombroso y repudiable constatar cómo los representantes del régimen entorpecieron las labores de auxilio, imponiendo trabas al ingreso de rescatistas internacionales bajo la paranoia de sospechar que eran espías. ¡Cada ladrón juzga por su condición!
Lo insólito es que mientras los bomberos venezolanos no tienen herramientas, los socorristas piden contribuciones para trabajar, desde una pala, una carretilla o unos picos, está andando un opaco proceso de renegociación de una deuda externa que redondea los 240 mil millones de dólares.
Lo que tenemos ante los ojos es un país con una economía colapsada. Las pérdidas materiales se calculan entre los 7 mil y 12 mil millones de dólares; un impacto financiero sencillamente devastador que redujo a polvo a centenares de empresas, industrias y comercios. La tragedia también sepultó la red turística de Vargas: hoteles arrasados y miles de familias que lo perdieron todo. Entre las ruinas deambulan niños huérfanos cuyos padres y parientes cercanos desaparecieron; esos niños están expuestos a las fechorías de desalmados dedicados al diabólico tráfico de personas. Responder ante ese drama, encararlo para proteger a esos niños de semejantes víboras, es una responsabilidad que nos concierne a todos. Afortunadamente, la misma sociedad civil ha identificado y enfrentado con coraje a los saqueadores y carroñeros de escombros; esa indeseable y minoritaria porción de seres humanos que pretenden lucrarse de la desgracia ajena.
Para superar este abismo no podemos mirar hacia los responsables del desastre. Blanquear con la sangre derramada, a los que han dejado sus huellas en esta era aciaga de Venezuela, no es ayudar a superar la catástrofe sino más bien prolongar y acentuar las repercusiones de esa agonía. No será la continuidad de la dictadura la que resuelva este drama; ellos no son la solución, sino la causa originaria. Son, en sí mismos, ese sismo tiránico cuyas réplicas institucionales y morales han tenido consecuencias tanto o más letales que la propia naturaleza.
La reconstrucción de Venezuela requiere un viraje absoluto hacia la sensatez y la planificación, tal como lo ha venido sosteniendo firmemente María Corina Machado. El futuro del país demanda el diseño e implementación de planes estructurales serios, rigurosos y de largo alcance, alejados para siempre de la improvisación criminal que hoy nos pasa factura.
Esta colosal tarea no la realizaremos a ciegas. Contamos con el activo más valioso: el conocimiento. Es hora de convocar la contribución de nuestros científicos, ingenieros y expertos sobrevivientes dentro del territorio, pero también de tender un puente indestructible con nuestra diáspora. Los millones de venezolanos en el exterior no son solo el sostén económico de sus familias a través del envío de remesas —un esfuerzo que hoy alivia el hambre de tantos—, sino también un formidable centro de ideas desde el que será posible realizar transferencias tecnológicas y disponer de un colosal capital humano global deseoso de ver a su nación ponerse en pie.
La tragedia nos ha dejado sin techos, pero no sin dignidad. El derecho a seguir viviendo se conquista construyendo instituciones sólidas, transparentes y democráticas. La solución está en marcha, viene de la mano de un liderazgo legítimo, tal como quedo fundamentado en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 y de una sociedad que respalda (más de 85% de la población) de manera decidida a María Corina Machado en su indeclinable propósito de transformar el dolor en la energía necesaria para refundar a Venezuela sobre bases verdaderamente firmes.
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