La Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió este domingo garantías de seguridad e infraestructura en el reinicio de las clases previsto para el lunes en las zonas no afectadas por los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 3.342 muertos y 16.740 heridos.
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La organización, que se solidarizó con la comunidad educativa golpeada por la tragedia, exigió de manera categórica que “no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones”.
La FVM advirtió en un comunicado que retomar las actividades en espacios que no cuenten con una certificación formal de habitabilidad emitida por ingenieros, técnicos y organismos de protección civil competentes “es una irresponsabilidad que pone en riesgo inminente a los niños, niñas, adolescentes y al personal docente”.
Según la federación, de ocurrir “alguna contingencia en los centros educativos en pleno funcionamiento, la responsabilidad legal, civil y penal recaerá directamente sobre el Ministro de Educación y las autoridades que forzaron el retorno a las aulas sin las debidas garantías”.
El pasado viernes, un área de salones de un colegio en Caracas colapsó sin dejar ningún fallecido, aunque la estructura derrumbada cayó sobre varias viviendas construidas debajo del barranco donde está la institución educativa, dejando al menos un herido.
Las clases fueron suspendidas en todo el país por Delcy Rodríguez desde el jueves de la semana pasada, un día después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que causaron también afectaciones en cientos de edificios y el colapso de 190, principalmente en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona de devastación.
El Ministerio de Educación anunció el viernes que se retomarán las clases a partir del 6 de julio en las zonas no afectadas, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos.
Además, ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio.
La FVM expresó que la respuesta del Estado “no puede limitarse a un reajuste técnico y administrativo del calendario escolar”.
“La crisis actual trasciende los cierres de actas y las planificaciones de aula, es un problema de seguridad nacional y de preservación de la vida”, señaló.
Con información de EFE