Los terremotos del pasado 24 de junio dejaron daños físicos directos estimados en 37.000 millones de dólares, según la primera evaluación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La cifra es descomunal para un país golpeado por la peor tragedia natural de su historia reciente.
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Pero el verdadero contraste aparece cuando ese monto se coloca frente a los recursos que Venezuela perdió durante más de dos décadas de corrupción, desfalcos y saqueo de fondos públicos documentados por investigaciones nacionales e internacionales. Aunque no existe una cifra única y oficial que permita cuantificar todo el dinero desaparecido desde 1999, distintas investigaciones coinciden en que el monto asciende a cientos de miles de millones de dólares, varias veces por encima del costo de la devastación causada por el doble terremoto.
Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, Venezuela recibió uno de los mayores ingresos petroleros de toda su historia. Solo durante el llamado “boom petrolero”, el país administró más de un billón de dólares en ingresos vinculados al petróleo, mientras múltiples investigaciones posteriores documentaron enormes esquemas de corrupción, especialmente alrededor de PDVSA, Odebrecht, el Fondo Chino, Fonden, importaciones públicas y obras inconclusas.
Organizaciones como Transparencia Venezuela han advertido durante años que la corrupción dejó de ser un conjunto de casos aislados para convertirse en un sistema de captura del Estado, caracterizado por la opacidad institucional, la ausencia de controles y la impunidad en el manejo de recursos públicos.
Si se toma como referencia conservadora que la corrupción documentada durante estos años supera ampliamente los 300.000 millones de dólares, el daño físico calculado por la ONU para los terremotos —37.000 millones— representaría alrededor del 12 % de ese monto. Si las pérdidas reales se acercan a estimaciones todavía mayores planteadas por diversos investigadores y economistas, la proporción sería incluso menor.
La comparación no pretende minimizar la magnitud del desastre natural. Por el contrario, pone en evidencia una pregunta inevitable: ¿cómo habría enfrentado Venezuela una tragedia de esta magnitud si esos recursos hubiesen sido invertidos en fortalecer el país en lugar de desaparecer entre redes de corrupción?
Con una fracción de esos recursos habría sido posible modernizar hospitales públicos, reforzar escuelas y edificios vulnerables, actualizar normas de construcción sismorresistente, ampliar las capacidades de Protección Civil, desarrollar sistemas modernos de monitoreo geológico, adquirir maquinaria especializada para rescate urbano y establecer reservas estratégicas para responder a grandes emergencias.
Nada de eso ocurrió a la escala que requería un país asentado sobre uno de los principales sistemas de fallas tectónicas de América del Sur. El resultado quedó expuesto después del terremoto: comunidades enteras dependiendo durante días de brigadas improvisadas, voluntarios, ayuda internacional y equipos extranjeros para atender una emergencia sin precedentes.
La propia ONU advirtió que los 37.000 millones de dólares corresponden únicamente a los daños físicos directos sobre viviendas e infraestructura. La estimación ni siquiera incorpora pérdidas económicas indirectas, interrupciones de servicios, reconstrucción integral, efectos sobre las cadenas de suministro ni el impacto macroeconómico que seguirá acumulándose durante los próximos meses.
Mientras tanto, la discusión sobre la corrupción dejó hace tiempo de ser únicamente un asunto judicial. También es una discusión sobre infraestructura que nunca se construyó, hospitales que nunca fueron equipados, carreteras que nunca se terminaron y sistemas de prevención que nunca existieron.
Los terremotos fueron un fenómeno natural imposible de evitar. Sus consecuencias, en cambio, estuvieron condicionadas por décadas de decisiones políticas, deterioro institucional y falta de inversión sostenida en infraestructura crítica.