Un nuevo informe técnico titulado “La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto” concluye que la brecha entre la respuesta institucional venezolana y los estándares internacionales de atención a desastres no se explica por falta de recursos, sino por la lentitud del despliegue y la ausencia de capacidad nacional de rescate especializado en las horas decisivas tras el sismo del 24 de junio.
El documento, con corte de datos al 12 de julio (día 18 después del sismo), evalúa la respuesta estatal mediante un modelo propio —el Índice de Brecha de Despliegue (IBD)— que compara el caso venezolano con los estándares INSARAG y Sphere y con cinco desastres sísmicos de referencia: Turquía-Siria (2023), Japón (2011), Haití (2010), Chile (2010) y China (2008).
El sismo y el balance oficial
El 24 de junio de 2026, un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, con epicentro en los estados Yaracuy y Carabobo, golpeó el centro-norte del país, concentrando el mayor daño en Caracas y La Guaira. Al corte de este informe, el balance oficial reportaba 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 17.907 damnificados.
Los hallazgos centrales
1. Un despliegue lento, no un déficit de tropas. Según el informe, Venezuela alcanzó apenas el 12,6% de su pico de movilización de efectivos civiles y militares a las 24 horas del sismo, y el 34,5% a las 48 horas, con 59,6% al octavo día, 92,8% al día 11 y el 100% recién al día 18. El estudio precisa que, en dotación de personal por habitante, la cifra es comparable a la de China; la diferencia está en la velocidad, no en el volumen.
2. Rescate especializado, mayoritariamente ausente en la ventana crítica. De las 19.861 personas que sobrevivieron en La Guaira, el informe indica que la mayoría lo hizo por autoevacuación o rescate vecinal en las primeras 48 horas. Los primeros equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR), procedentes de El Salvador, México y República Dominicana, llegaron unas 48 horas después del sismo, ya fuera de la ventana de 72 horas con mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes con vida.
3. Subregistro documentado por múltiples vías. El informe contrasta la cifra oficial de 856 edificaciones afectadas con estimaciones independientes que van de aproximadamente 1.054 a 58.870 estructuras dañadas, y señala que los reportes ciudadanos de personas desaparecidas oscilan entre 46.000 y 54.000, aunque los propios autores advierten que estas cifras no son directamente comparables entre sí por diferencias de cobertura y metodología.
4. La fase posterior al rescate no alcanzó los mínimos de Sphere. El documento cita una evaluación en el hospital Vargas-IVSS de La Guaira, al octavo día, que registró ventiladores sin energía eléctrica, ausencia de telefonía e internet operativos, agua transportada manualmente y 96 pacientes alojados en una sala con capacidad para 8 camas.
5. Un deterioro institucional anterior al sismo. El informe sitúa el puntaje de Venezuela en el Índice de Percepción de la Corrupción por debajo del de Haití (10 frente a 16), pese a contar con las mayores reservas petroleras del mundo. Añade que el sistema hospitalario operaba a apenas el 40% de su capacidad quirúrgica antes del terremoto, que la red de vigilancia sísmica de FUNVISIS pasó de unas 300 estaciones a solo unas 4 operativas —sin emitir alerta oportuna—, y que una flota aérea de transporte pesado adquirida por miles de millones de dólares no muestra evidencia documentada de haber sido utilizada.
6. Corrupción y reconstrucción: el riesgo mayor podría estar por venir. El informe subraya que, según su lectura de los seis casos analizados, el nivel de corrupción no se asocia con la velocidad del rescate inicial, pero sí con el resultado de la reconstrucción de mediano plazo. Advierte que el mayor riesgo de manejo indebido de fondos podría concentrarse en los próximos dos a cuatro años de financiamiento de la reconstrucción, un proceso que solo en materia de vivienda para La Guaira se estima en unos 2.370 millones de dólares.
Las recomendaciones
El informe exige al Estado venezolano el cumplimiento, como condición mínima, de la Prioridad 2 del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, lo que implica la publicación de un registro público y auditable de los fondos de ayuda recibidos, la incorporación de veeduría de la sociedad civil y de organismos multilaterales como el BID y el PNUD, y cláusulas de transparencia vinculantes en cualquier convenio bilateral de reconstrucción. Plantea además que esa vigilancia se extienda a los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que ejecuten recursos en el terreno, en referencia a los ya más de 781 millones de dólares anunciados en ayuda humanitaria.