Los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela dejan a 17.854 personas en una situación de pérdida total de su vivienda. Esta situación habitacional impacta con mayor fuerza a zonas de La Guaira y Caracas, donde gremios inmobiliarios y autoridades inician el diagnóstico de las estructuras afectadas.
Fernando Di Gerónimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, describió el uso de etiquetas para clasificar los daños en los edificios: la verde para sitios seguros, la amarilla para reparaciones moderadas y la roja «definitivamente no tiene chance de salvarse; hay que demoler y hay que hacer otra vez la estructura», advirtió en entrevista con Román Lozinski.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela insistió en una reforma a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para generar confianza en los propietarios e incentivar la oferta de alquileres. Según Di Gerónimo, el país requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y los colegios profesionales para lograr una reconstrucción nacional efectiva y sostenible.
Sobre el valor de la tierra, los expertos aclararon que el derecho de propiedad prevalece incluso si el edificio colapsó. Di Gerónimo sostuvo que «la propiedad tiene su valor, y si se puede rescatar y rehacer el inmueble, se puede refaccionar». Por otro lado, el mercado registra un cambio de tendencia en la demanda; Gladys Chacín, directora de Remax Venezuela, señaló que los clientes ahora privilegian la seguridad sísmica, la reputación de la constructora y los pisos bajos sobre el lujo o la comodidad.
Con información de Mundo UR