Junts per Catalunya acusó por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar al Tribunal Constitucional para blindar su apoyo al Ejecutivo engañando a su cúpula con promesas de resoluciones de la Corte de Garantías que nunca llegaron o lo hicieron con más de un año de retraso. Asimismo, le atribuye un «papel pasivo o incluso obstructivo» para que la Fiscalía del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido boicotee el regreso inmediato de Carles Puigdemont.
Por Esteban Urreiztieta / elmundo.es
El partido independentista remitió un informe secreto al PSOE tras la ruptura del pacto de investidura el pasado mes de octubre. En este documento situó como uno de los motivos de la retirada de su apoyo el haber sido engañado por el Ejecutivo en la aprobación y aplicación de la Ley de Amnistía con un «baile de fechas» constante con el que, a juicio de los secesionistas, se intentó mantener el respaldo parlamentario dilatando las resoluciones para consumir el máximo posible de legislatura sin que los separatistas tuvieran capacidad de romper.
Según ha podido saber EL MUNDO, este documento, que fue entregado por la formación independentista a los socialistas a través de los mediadores de la reuniones de Suiza, coordinados a través de la fundación Henri Dunant, dedica uno de sus cuatro apartados a la Ley de Amnistía. En él describe cómo inicialmente el Gobierno, al que el informe se refiere como «la parte española», se comprometió con Junts a que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido avalaría inmediatamente, ya en junio de 2024, apenas un mes después de su aprobación en el Congreso, la norma que borraba los delitos del 1-O y sostenía a Sánchez en el poder con un margen de dos votos.
Agrega Junts que en las reuniones mantenidas con el PSOE, cuyos interlocutores fueron principalmente el ex secretario de Organización Santos Cerdán y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se fueron fijando por parte de los socialistas varias fechas para la ansiada resolución del Constitucional que se fueron incumpliendo sistemáticamente. Así, refleja este documento que al comprobar que el aval no fue alumbrado en junio, los interlocutores socialistas se comprometieron a que llegaría en septiembre de ese mismo año. Al pasar los meses sin que se consumara dicho compromiso, el PSOE aseguró que el pronunciamiento no pasaría de diciembre.
Los compromisos incumplidos se extendieron, subraya Junts en su informe, a lo largo de 2025, llegando a insistir el equipo negociador del PSOE en Suiza que de marzo de ese año no pasaría el dictamen definitivo del Constitucional. Solicitando, por lo tanto, a los políticos catalanes que debían tener paciencia al tiempo que reiteraban en todo momento que la resolución sería positiva y permitiría automáticamente el regreso a España del prófugo Puigdemont.
Remitió el informe tras dar por concluido el pacto de investidura
La resolución se hizo pública finalmente en junio de ese año, con las relaciones entre ambas formaciones ya muy deterioradas, por lo que el equipo de Puigdemont tilda en el informe de graves «incumplimientos» una serie de cuestiones entre las que sitúa de manera destacada el aval del Constitucional. Sobre este órgano los socialistas se pronunciaban, a juicio de los secesionistas, como una Corte de Garantías sobre la que ejercían un control absoluto. Finalmente el tribunal aprobó por seis votos a cuatro a finales de junio los aspectos nucleares de la norma al considerar que facilitaba la normalización política en Cataluña.
Con lo que la cúpula independentista denomina «la llave del gas» contra sus miembros, el Ejecutivo siguió jugando en los meses posteriores después de que el Supremo acordara que la ley no era aplicable a Puigdemont y mantuviera la orden de detención contra él, que continúa vigente.
Así, otro de los graves «incumplimientos» que Puigdemont señala en el informe y que motivaron su ruptura definitiva con el Gobierno pasa por la posición de la Fiscalía, que se opuso a las cautelares pedidas por el ex presidente catalán. Éste exigía la suspensión inmediata de busca, detención e ingreso en prisión que decretó el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena.
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