Dos grupos de derechos humanos afirman que las sanciones del gobierno de Trump impuestas contra la Corte Penal Internacional por sus investigaciones sobre la guerra de Israel contra Hamás en Gaza han obstaculizado de forma ilegalmente su capacidad de abogar por los palestinos.
Por AP
Las organizaciones sostienen en una demanda presentada el miércoles que se han visto obligadas a censurar su propio trabajo activista para evitar el escrutinio de la Casa Blanca, que en una orden ejecutiva del año pasado no solo apuntó contra el tribunal penal con sede en La Haya, sino que además prohibió prestar o recibir servicios a o de entidades que hayan sido sancionadas.
La demanda presentada por DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide ante un tribunal federal en Manhattan contra altos funcionarios del gobierno solicita una orden judicial que anule las restricciones a su labor y a su capacidad de interactuar con grupos palestinos de derechos humanos y otras partes sancionadas.
“El gobierno de Trump está utilizando el instrumento tosco de las sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino para vigilar las expresiones políticas de millones de estadounidenses”, afirmó Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN, un grupo con sede en Estados Unidos que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo árabe y que fue fundado por el periodista de The Washington Post Jamal Khashoggi, asesinado en 2018.
“El gobierno está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio”, indicó Shakir en un comunicado.
Para seguir leyendo, clic AQUÍ.