El nombramiento de Asdrúbal José Brito Hernández al frente del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) es una decisión de alto voltaje político y militar, porque coloca en una estructura clave de seguridad a un oficial con pasado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde ejerció como director de Investigaciones Penales y cuyo nombre aparece vinculado, según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, con presuntas torturas físicas y psicológicas contra presos políticos.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
La designación resulta especialmente sensible porque Brito Hernández ya forma parte del mapa internacional de sancionados. En enero 2025, Canadá lo incluyó en sus medidas restrictivas por abusos vinculados con la represión de las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024 y con los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por silenciar a la oposición y mantenerse en el poder.
Meses antes, en septiembre 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo incluyó en su lista de sancionados bajo la Orden Ejecutiva 13692. Para entonces, Brito Hernández se desempeñaba como comandante del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana.
La sanción estadounidense señaló que el oficial había sido identificado como torturador en informes de Naciones Unidas y en múltiples publicaciones de prensa. Además, vinculó a la DGCIM con la denominada “Operación Tun Tun”, descrita como una campaña de acoso, detenciones y arrestos arbitrarios contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil tras los comicios de julio de 2024.
Lejos de marcar distancia con esos señalamientos, Nicolás Maduro convirtió la sanción en motivo de condecoración. “El gobierno imperial de los Estados Unidos los agredió y atacó con unas pretendidas sanciones, por ellos ser protagonistas en la defensa de la paz”, dijo durante el acto.
El 13 de septiembre de 2024, impuso a Brito Hernández la Orden Libertadores en su Primera Clase junto con otros tres oficiales sancionados: el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, entonces jefe del Ceofanb; el mayor general Johan Alexander Hernández Lárez, jefe del Ejército; y el mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
Otro movimiento que destaca dentro de la Guardia Nacional es el del coronel Luseph Jesús Barrios Oliveros. El oficial fue ratificado como director general encargado del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo y, además, asumirá como segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Grupo de Acciones de Comando, en reemplazo del coronel José Isaías Rafael Ramos Salazar.
Barrios Oliveros ha estado al frente del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), un cuerpo de seguridad e inteligencia encargado de controlar y neutralizar actividades que el gobierno venezolano identifica como vinculadas a “grupos generadores de violencia”.
En conjunto, los cambios muestran una línea clara: la conducción política de la GNB no solo reorganiza mandos, sino que fortalece espacios ocupados por oficiales ligados a estructuras de inteligencia, control interno y represión.
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