La crisis en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tras la divulgación de mensajes comprometedores entre el magistrado Alexandre De Moraes y el banquero encarcelado Daniel Vorcaro se agravó este jueves 3 de septiembre, con la decisión del primero de pedir una investigación contra el colega que lo investiga.
De Moraes, que se hizo famoso como el juez que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo, envió una petición a la presidencia de la Corte Suprema para que se abra una investigación contra el magistrado André Mendonça, que investiga el millonario fraude del que se acusa a Vorcaro y divulgó sus mensajes en redes sociales con diferentes autoridades.
En una aparente represalia por esa divulgación, De Moraes acusó a su colega de falta de probidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad, en un documento que remitió al presidente del máximo tribunal, Edson Fachin.
Según De Moraes, al levantar el sigilo de la investigación en que se citan los mensajes del banquero, su colega en el Supremo habría practicado una serie de conductas tipificadas como crimen, como la violación de la imparcialidad judicial y favorecimiento a determinados grupos políticos.
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Agregó que Mendonça, un magistrado que fue postulado al Supremo por Bolsonaro, actuó “con motivos personales y políticos” al intentar negociar un acuerdo de delación premiada con Vorcaro, el propietario del banco Master y que es acusado del mayor fraude financiero en la historia de Brasil por vender títulos de deuda sin garantías.
La acusación de De Moraes contra su colega se produjo un día después de que el presidente del Supremo informara a través de un comunicado que analizará los indicios de corrupción contra De Moraes por considerar que “los elementos fácticos” son “graves”.
Si el presidente del Supremo autoriza el avance del proceso contra el miembro de la corte, las acusaciones serán analizadas por el pleno del Tribunal, que es el único órgano que puede autorizar la apertura de una investigación de un juez de la alta corte.
La crisis en el tribunal se desató el martes, cuando Mendonça autorizó la divulgación de una investigación de la Policía Federal sobre los mensajes enviados por el antiguo dueño del Banco Master a un teléfono que, según los investigadores, pertenece a De Moraes.
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Entre esos mensajes, Vorcaro pidió la “protección” del fiscal general, Paulo Gonet, y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y hasta le llegó a consultar, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.
Vorcaro fue arrestado una primera vez la noche del 17 de noviembre de 2025 en São Paulo mientras intentaba dejar Brasil en un avión particular. Días después obtuvo la libertad, pero volvió a prisión el pasado 4 de marzo.
Además, la Policía sostiene que De Moraes editó un contrato de prestación de servicios de 131 millones de reales (25,5 millones de dólares / 22 millones de euros) entre el bufete de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Master.
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De Moraes ganó una enorme notoriedad internacional en los comicios de 2022 al combatir la desinformación y la campaña contra las urnas electrónicas brasileñas impulsada por la extrema derecha.
Posteriormente, por ser el instructor del juicio que llevó a la condena de Bolsonaro, motivo por el cual el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, le impuso sanciones financieras.
Desde entonces se ha convertido en el enemigo número uno del bolsonarismo, que intenta asociar su imagen a la de Lula en plena campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el mandatario intenta la reelección.
Con información de EFE