El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, pidió tranquilidad a la ciudadanía luego de que un tribunal administrativo ordenara este jueves 3 de septiembre, la suspensión provisional de los convenios firmados entre el Gobierno de su predecesor, Gustavo Petro, y la Casa de la Moneda de Portugal para producir pasaportes.
“Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada”, escribió De la Espriella en X después de conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que puso nuevamente en el centro de la discusión la transición hacia un modelo estatal de producción y gestión de la información de los documentos, iniciado por Petro.
La decisión judicial no ordena suspender la expedición de pasaportes, sino que frena temporalmente los acuerdos que permiten a la Imprenta Nacional de Colombia trabajar con su homóloga portuguesa en la fabricación de este documento.
El origen del problema se remonta a 2023, cuando el Gobierno de Petro decidió dejar de adjudicar a Thomas Greg & Sons un contrato para continuar con la fabricación de pasaportes, pese a que esta empresa había sido durante años la encargada del proceso.
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La controversia se agravó en 2024, cuando el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó a Thomas Greg & Sons un contrato por unos 599.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
Petro rechazó la decisión y calificó el proceso de corrupto, mientras la controversia llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al entonces canciller colombiano Álvaro Leyva, acusado de “prevaricato por acción” durante el proceso de licitación.
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El Gobierno buscó terminar con la dependencia de Thomas Greg & Sons mediante un modelo estatal y suscribió acuerdos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para trasladar progresivamente al Estado la producción de estos documentos.
Justicia cuestiona el nuevo modelo
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró en la decisión conocida este jueves que existen dudas sobre la ejecución de los convenios, cronogramas incumplidos y una ausencia de soportes suficientes sobre aspectos esenciales del proyecto.
La decisión se produjo dentro de una acción popular presentada contra la Cancillería, su Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional, y establece un plazo de 20 días hábiles para presentar un informe sobre las actividades realizadas dentro del convenio, la ubicación de los pasaportes, las condiciones de seguridad de los lugares donde se encuentran y la identidad de todos los que intervienen en la cadena de producción, entre otros.
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El Gobierno insistió este jueves en que el servicio no se interrumpirá. El canciller, Omar Bula, y el ministro del Interior y encargado de la Imprenta Nacional, Rodrigo Lara, señalaron que existe inventario suficiente para continuar atendiendo las solicitudes mientras se estudian alternativas jurídicas frente a la suspensión.
“Este es un parte de calma que queremos dar a todos los colombianos. Vamos a pedir aclaraciones al Tribunal para ajustarnos a las posibilidades jurídicas y técnicas de este proceso”, aseguró Bula.
El canciller indicó que hay un inventario de 600.000 pasaportes, 410.000 en este momento y 190.000 que llegan próximamente, lo que garantizaría una “cobertura de cuatro meses”.
Con información de EFE