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Edición en español Martes 17 de noviembre de 2026

Más trabas a los menores migrantes en EEUU: un albergue impide a un niño buscar ayuda legal antes de ir a la corte

Niños en el centro de detención de Karnes City, Texas, en una fotografía de archivo. Eric Gay (AP)

 

Un niño migrante de nueve años en un albergue de menores en Texas quería llamar a una línea de información para entender qué podía pasarle en su audiencia ante un juez de inmigración. Las autoridades del centro no le autorizaron la conexión con ese número. Desesperado, él llamó a su madre, que vive en California, y le pidió ayuda. La mamá entonces se comunicó con la organización que creó el hotline para apoyar a los menores detenidos; les informó de las trabas que enfrentaba su hijo para solicitar una información elemental.

Por elpais.com

Sólo así, el niño pudo recibir la llamada de esa institución: le contaron cómo funciona el proceso en la corte, cuáles son sus derechos, e incluso detectaron que tenía un caso de asilo sólido.

“Ese contacto no ocurrió porque el niño marcó, ocurrió porque lo hizo su mamá”, dice a EL PAÍS Eduardo Martínez, defensor legal del Proyecto de Representación Legal Probono de Asilos en el Sur de Texas (ProBAR). “Lo preocupante es que no todos los niños que están en un centro de detención tienen a un familiar o patrocinador que puede estar haciendo este advocate [o abogar] por ellos”.

La línea a la que intentó marcar el niño se llama Orientación y Recursos para Jóvenes en Detención, DORY, por sus siglas. ProBAR la creó para poder apoyar a los menores migrantes que se encuentran en custodia federal sin sus padres o representantes. Y nace justo después del 31 de julio, cuando el gobierno de Donald Trump cesó un contrato de financiamiento que se había renovado por años sin problemas y que permitió desde 2003 a unas 100 organizaciones representar gratis a más de 20.000 niños en sus procesos migratorios.

Cuando la línea de ayuda comenzó a funcionar en agosto, en ProBAR recibían llamadas desde 11 centros de menores. Pero para septiembre, cuenta Martínez, notaron que sólo procedían de dos centros. Y aunque tenían acceso a menos albergues, cuenta Martínez que las llamadas no bajaron en número: “Más niños estaban marcando porque, como hemos estado viendo, están adelantando sus audiencias migratorias”.

Los activistas denuncian que lo que ocurrió con este niño de nueve años es sólo una traba más entre muchas que el Gobierno federal está poniendo a los menores para que puedan defender sus casos o buscar ayuda de forma oportuna. Las organizaciones han denunciado que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes migrantes en custodia del Gobierno no entienden el sistema al que se enfrentan, las penalidades y ofertas que reciben, así como los términos usados en las cortes y sus consecuencias.

La oficina federal que tiene la custodia de los menores (la de Reasentamiento de Refugiados, ORR) desmiente a las organizaciones. Ha asegurado en un correo que cumple “con sus obligaciones legales” y “no actúa de ninguna manera que pueda disuadir a un menor de buscar la protección legal adecuada”.

Recién en octubre, el Gobierno anunció la creación de una división que se identifica como independiente ?aunque está a cargo de la misma agencia federal que los custodia? y que se encargará de la defensa de los menores no acompañados. Aún hay pocos detalles de cómo operará.

Entre los más de 56.000 casos de menores no acompañados que se han resuelto en lo que va de 2026, 55% nunca tuvo representación legal ante una corte de inmigración, según un análisis de datos del Instituto Vera de Justicia, un grupo de investigación sin fines de lucro. Esta cifra representa un aumento de siete puntos porcentuales en relación con 2025 y de 17 puntos porcentuales en relación con 2024.

Una “avalancha de daños”

Desde enero de 2025, cuando Trump entró a su segunda Presidencia, buscó quitar los fondos federales para los programas de apoyo legal a menores migrantes… hasta que lo logró.

Al mismo tiempo, fue reduciendo las protecciones legales existentes para resguardar a los menores en procesos migratorios: una de las medidas que tomó en abril de 2025 fue llamar a cortes de inmigración a niños en custodia de ORR, cuando antes se hacía una vez que eran reunificados con sus padres o representantes.

Para julio de ese año, en violación de la ley federal, agentes fronterizos comenzaron a preguntar a los menores migrantes si querían “autodeportarse” y poco después, aquellos en albergues federales comenzaron a recibir cartas en las que les urgían a abandonar sus casos y volver a sus países de origen a cambio de un pago en dólares.

Shaina Aber es la directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, la organización sin fines de lucro que recibía los fondos federales y los asignaba a 100 organizaciones para la defensa de los menores. Calcula que dos de cada 10 niños en custodia del Gobierno de Trump han perdido a sus abogados probono por el cierre de los programas que los apoyaban y que cuatro de esos programas han cerrado. Y el recorte de fondos federales ha dejado a los menores más desprotegidos frente a medidas que se siguen sumando.

La directora de Acacia asegura que desde julio han sabido de niños con peticiones pendientes o aprobadas ante el Departamento de Seguridad Nacional y que han recibido órdenes de expulsión de parte de jueces de inmigración; han conocido a menores cuyos casos han sido desestimados sin que antes se les escuche en una corte; han detectado a niños presionados para desistir de sus solicitudes a cambio de recibir 3.000 dólares, y cuando piden tiempo para considerar la oferta se los han negado. También se han encontrado con albergues federales en los que no se les ha permitido a las organizaciones dar asistencia legal para casos nuevos.

Cuenta también el caso de un menor sin abogado en Arizona al que un juez de inmigración sólo le dio dos opciones: la salida voluntaria o la deportación. “El menor rompió a llorar y dijo que tenía miedo de regresar a su país. El juez dictó una orden de expulsión”, narra Aber. Cuando los abogados de una de las organizaciones en la red de Acacia quiso contactar al niño un día después para ofrecerle asistencia legal para apelar la decisión, ya había sido deportado.

El Centro Nacional Legal de Inmigración (NILC) llevó ante una corte de distrito en Maryland una pelea en nombre de niños representados por organizaciones en varios Estados del país y la ganó. Argumentaron que múltiples agencias federales estaban “ilegalmente desmantelando los derechos de los menores no acompañados en busca de ayuda”.

Entre los casos con los que respaldaron la demanda había decenas de citaciones para presentarse en audiencias en menos de 24 horas y en algunos casos, un mismo abogado tenía que estar al mismo tiempo en más de una de esas citas. Eso dejó a muchos niños ?incluyendo a víctimas de violencia que se encuentran en albergues y con poco acceso a sus abogados? sin la oportunidad de prepararse adecuadamente para sus entrevistas.

NILC cuenta que, en uno de esos casos, una menor que había sido hospitalizada por un problema cardíaco fue obligada a someterse al día siguiente a una entrevista de asilo que duró horas para hablar de su petición: estaba basada en un abuso sexual que sufrió en su país de origen.

En una nota de prensa, NILC cuenta que la niña pidió finalizar la entrevista porque sentía dolor en el corazón: “Lloraba mientras se sujetaba el pecho. Y en lugar de dar por terminada la entrevista, el funcionario insistió en que continuara. Solo después de someter a la menor durante horas a una grave angustia mental y emocional, el funcionario accedió a reprogramar la entrevista”.

Para Aber, todo lo anterior “deja muy claro que el Gobierno está intentando limitar la representación de los menores, así como su capacidad de acceder al sistema legal”. Ve la suma de todas las medidas que ha tomado el Gobierno en dos años como “una avalancha de daños infligidos a cientos de niños”.

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Más trabas a los menores migrantes en EEUU: un albergue impide a un niño buscar ayuda legal antes de ir a la corte

Niños en el centro de detención de Karnes City, Texas, en una fotografía de archivo. Eric Gay (AP)

 

Un niño migrante de nueve años en un albergue de menores en Texas quería llamar a una línea de información para entender qué podía pasarle en su audiencia ante un juez de inmigración. Las autoridades del centro no le autorizaron la conexión con ese número. Desesperado, él llamó a su madre, que vive en California, y le pidió ayuda. La mamá entonces se comunicó con la organización que creó el hotline para apoyar a los menores detenidos; les informó de las trabas que enfrentaba su hijo para solicitar una información elemental.

Por elpais.com

Sólo así, el niño pudo recibir la llamada de esa institución: le contaron cómo funciona el proceso en la corte, cuáles son sus derechos, e incluso detectaron que tenía un caso de asilo sólido.

“Ese contacto no ocurrió porque el niño marcó, ocurrió porque lo hizo su mamá”, dice a EL PAÍS Eduardo Martínez, defensor legal del Proyecto de Representación Legal Probono de Asilos en el Sur de Texas (ProBAR). “Lo preocupante es que no todos los niños que están en un centro de detención tienen a un familiar o patrocinador que puede estar haciendo este advocate [o abogar] por ellos”.

La línea a la que intentó marcar el niño se llama Orientación y Recursos para Jóvenes en Detención, DORY, por sus siglas. ProBAR la creó para poder apoyar a los menores migrantes que se encuentran en custodia federal sin sus padres o representantes. Y nace justo después del 31 de julio, cuando el gobierno de Donald Trump cesó un contrato de financiamiento que se había renovado por años sin problemas y que permitió desde 2003 a unas 100 organizaciones representar gratis a más de 20.000 niños en sus procesos migratorios.

Cuando la línea de ayuda comenzó a funcionar en agosto, en ProBAR recibían llamadas desde 11 centros de menores. Pero para septiembre, cuenta Martínez, notaron que sólo procedían de dos centros. Y aunque tenían acceso a menos albergues, cuenta Martínez que las llamadas no bajaron en número: “Más niños estaban marcando porque, como hemos estado viendo, están adelantando sus audiencias migratorias”.

Los activistas denuncian que lo que ocurrió con este niño de nueve años es sólo una traba más entre muchas que el Gobierno federal está poniendo a los menores para que puedan defender sus casos o buscar ayuda de forma oportuna. Las organizaciones han denunciado que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes migrantes en custodia del Gobierno no entienden el sistema al que se enfrentan, las penalidades y ofertas que reciben, así como los términos usados en las cortes y sus consecuencias.

La oficina federal que tiene la custodia de los menores (la de Reasentamiento de Refugiados, ORR) desmiente a las organizaciones. Ha asegurado en un correo que cumple “con sus obligaciones legales” y “no actúa de ninguna manera que pueda disuadir a un menor de buscar la protección legal adecuada”.

Recién en octubre, el Gobierno anunció la creación de una división que se identifica como independiente ?aunque está a cargo de la misma agencia federal que los custodia? y que se encargará de la defensa de los menores no acompañados. Aún hay pocos detalles de cómo operará.

Entre los más de 56.000 casos de menores no acompañados que se han resuelto en lo que va de 2026, 55% nunca tuvo representación legal ante una corte de inmigración, según un análisis de datos del Instituto Vera de Justicia, un grupo de investigación sin fines de lucro. Esta cifra representa un aumento de siete puntos porcentuales en relación con 2025 y de 17 puntos porcentuales en relación con 2024.

Una “avalancha de daños”

Desde enero de 2025, cuando Trump entró a su segunda Presidencia, buscó quitar los fondos federales para los programas de apoyo legal a menores migrantes… hasta que lo logró.

Al mismo tiempo, fue reduciendo las protecciones legales existentes para resguardar a los menores en procesos migratorios: una de las medidas que tomó en abril de 2025 fue llamar a cortes de inmigración a niños en custodia de ORR, cuando antes se hacía una vez que eran reunificados con sus padres o representantes.

Para julio de ese año, en violación de la ley federal, agentes fronterizos comenzaron a preguntar a los menores migrantes si querían “autodeportarse” y poco después, aquellos en albergues federales comenzaron a recibir cartas en las que les urgían a abandonar sus casos y volver a sus países de origen a cambio de un pago en dólares.

Shaina Aber es la directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, la organización sin fines de lucro que recibía los fondos federales y los asignaba a 100 organizaciones para la defensa de los menores. Calcula que dos de cada 10 niños en custodia del Gobierno de Trump han perdido a sus abogados probono por el cierre de los programas que los apoyaban y que cuatro de esos programas han cerrado. Y el recorte de fondos federales ha dejado a los menores más desprotegidos frente a medidas que se siguen sumando.

La directora de Acacia asegura que desde julio han sabido de niños con peticiones pendientes o aprobadas ante el Departamento de Seguridad Nacional y que han recibido órdenes de expulsión de parte de jueces de inmigración; han conocido a menores cuyos casos han sido desestimados sin que antes se les escuche en una corte; han detectado a niños presionados para desistir de sus solicitudes a cambio de recibir 3.000 dólares, y cuando piden tiempo para considerar la oferta se los han negado. También se han encontrado con albergues federales en los que no se les ha permitido a las organizaciones dar asistencia legal para casos nuevos.

Cuenta también el caso de un menor sin abogado en Arizona al que un juez de inmigración sólo le dio dos opciones: la salida voluntaria o la deportación. “El menor rompió a llorar y dijo que tenía miedo de regresar a su país. El juez dictó una orden de expulsión”, narra Aber. Cuando los abogados de una de las organizaciones en la red de Acacia quiso contactar al niño un día después para ofrecerle asistencia legal para apelar la decisión, ya había sido deportado.

El Centro Nacional Legal de Inmigración (NILC) llevó ante una corte de distrito en Maryland una pelea en nombre de niños representados por organizaciones en varios Estados del país y la ganó. Argumentaron que múltiples agencias federales estaban “ilegalmente desmantelando los derechos de los menores no acompañados en busca de ayuda”.

Entre los casos con los que respaldaron la demanda había decenas de citaciones para presentarse en audiencias en menos de 24 horas y en algunos casos, un mismo abogado tenía que estar al mismo tiempo en más de una de esas citas. Eso dejó a muchos niños ?incluyendo a víctimas de violencia que se encuentran en albergues y con poco acceso a sus abogados? sin la oportunidad de prepararse adecuadamente para sus entrevistas.

NILC cuenta que, en uno de esos casos, una menor que había sido hospitalizada por un problema cardíaco fue obligada a someterse al día siguiente a una entrevista de asilo que duró horas para hablar de su petición: estaba basada en un abuso sexual que sufrió en su país de origen.

En una nota de prensa, NILC cuenta que la niña pidió finalizar la entrevista porque sentía dolor en el corazón: “Lloraba mientras se sujetaba el pecho. Y en lugar de dar por terminada la entrevista, el funcionario insistió en que continuara. Solo después de someter a la menor durante horas a una grave angustia mental y emocional, el funcionario accedió a reprogramar la entrevista”.

Para Aber, todo lo anterior “deja muy claro que el Gobierno está intentando limitar la representación de los menores, así como su capacidad de acceder al sistema legal”. Ve la suma de todas las medidas que ha tomado el Gobierno en dos años como “una avalancha de daños infligidos a cientos de niños”.

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