El cambio de opinión sobre la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa, fue una acción defensiva por parte de la Cancillería venezolana. Me dice una fuente que se mueve en la Casa Amarilla que “según el ‘Principio de reciprocidad’, -que no es más que hacer lo que le hacen, es decir, beneficios, garantías y sanciones que le da un Estado a un ciudadano de otro-, si se concretaba la expulsión de la embajadora los países europeos podían expulsar a nuestros representantes diplomáticos y, una vez que esto ocurriera, podían aceptar Cartas Credenciales de representantes de (Juan) Guaidó, y eso es perder espacio y hasta documentación valiosa y confidencial. Este paso nos demostró que tenemos que proteger nuestrs archivos”.
Esta realidad se la hicieron ver al presidente Nicolás Maduro y accedió a que se realizaran las tareas necesarias para bajar el tono y dejar sin efecto la medida. La condición fue no tener que hacer tal declaración como Presidente, sino que se hiciera mediante comunicado de la Cancillería.