El proceso contra la periodista Anastasia Mejía y la lideresa comunitaria Petrona Siy, originarias de Quiché, es un caso paradigmático que evidencia que la justicia guatemalteca no es imparcial, porque trata con guantes a los criminales de cuello blanco que compran a las o los jueces, por eso, pocas veces se les persigue. Sin embargo, cuando se trata de mujeres indígenas se les captura con odio visceral y con violencia patriarcal, humillándolas porque son rurales, monolingües y pobres, negándoles, además, el ejercicio de sus derechos garantizados en la Constitución.
Ambas fueron detenidas el 22 de septiembre, por influencias, en el sistema de justicia, en la PNC, medios de comunicación entre otras instancias, del alcalde de Joyabaj, Florencio Carrascosa Gámez, conocido por su larga carrera, que antecede su participación política, cuando desde la cooperación usaba inadecuadamente los fondos destinados a invertirse en proyectos de mujeres indígenas y en prioridades de las comunidades, ya en la municipalidad se ha convertido en un tirano.
A Anastasia se le acusó, sin pruebas, de sedición, atentado con agravaciones, incendio y robo, porque transmitió en vivo las protestas contra el alcalde por sus abusos y su corrupción en el manejo de los recursos destinados a enfrentar el COVID-19. Dado que solo ha beneficiado a sus seguidores. Como represalia el alcalde hizo que detuvieran a Anastasia, Petrona y a Manuel Hernández. Quienes estuvieron detenidos en la prisión de Quetzaltenango durante 36 días, negándoles el derecho a declarar 24 horas después de su detención como garantiza la ley. El alcalde buscaba darle un escarmiento a las y los indios que protestan por su corrupta gestión y lo logró.
El pasado 28, finalmente se realizó la audiencia de primera declaración en Quiché, donde la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera los ligó a proceso, y en clara defensa del alcalde, le negó a Anastasia el derecho a ejercer el periodismo, antes se habían negado a reconocer su trabajo como comunicadora en Xol Abaj TV y Radio, exigiéndole documentos que respaldaran su labor. Una prueba del abuso y del uso de la discrecionalidad de las y los jueces. Finalmente, luego de una audiencia de 10 horas y a pesar de sus condiciones de pobreza, la jueza multó a los tres con Q20 mil y al salir se encontraron con que el vehículo del sistema penitenciario ya no estaba y ambas fueron enviadas a la prisión de hombres. Esta cadena de abusos no habría ocurrido si hubieran sido mujeres blancas, de clase media, urbanas y con contactos. Pero como son mujeres indígenas el sistema de justicia puede humillarlas y hasta prohibirles el ejercicio de su trabajo.
¿Es esta la justicia que merecen las mujeres indígenas pobres?