El miércoles pasado, en un restaurante localizado en Santa Elena, Flores, Petén, fue asesinado por supuestos sicarios el abogado Waldo Josué Alvizurez Ruano, quien se desempeñaba como Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de San Benito, Departamento de Petén. El jurista asesinado también era catedrático universitario.
Aumentó, pues, la larga lista de operadores de justicia (juzgadores, fiscales, auxiliares judiciales y fiscales, abogados, defensores públicos, investigadores, policías, expertos), testigos y víctimas que han sufrido persecución, ultrajes, agresiones, amenazas y muerte en nuestro país, en muchos casos por el simple hecho de contribuir decisivamente en el esclarecimiento de la verdad y a que la administración de justicia pronta y cumplida sea una realidad en nuestro país.
Sin embargo, esta zozobra permanente en que viven los operadores de justicia pareciera que no es percibida por las más altas autoridades del Estado, porque para comenzar no se suministran los recursos económicos necesarios y suficientes para el fortalecimiento del Organismo Judicial y de las demás instituciones del sector justicia (Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario), ni, por consiguiente, los recursos requeridos para proteger la vida, la integridad personal y la seguridad de los operadores de justicia y de sus familias. Por consiguiente, el sector justicia sigue siendo la “Cenicienta del Estado”.
En todo caso, el grueso de los recursos estatales se destina a burocracia, clientelismo político y despilfarro, y no al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, tales como la justicia oficial y la seguridad pública.
De cualquier manera, el ataque mortal contra un operador de justicia tiene un impacto tremendo en la sociedad, ya no digamos contra varios de ellos, porque no solo desmoraliza y frustra a todos los restantes operadores de justicia, sino que también agiganta la psicosis y el temor en que vive sumida nuestra sociedad de cara al crimen organizado y a las bandas delincuenciales que mantienen en zozobra a la ciudadanía.
EL PERIÓDICO repudia y condena enérgicamente el execrable asesinato del juez Waldo Josué Alvizurez Ruano, así como los crímenes perpetrados contra otros operadores de justicia, muchos de los cuales han muerto violentamente en el desempeño de sus delicados cargos, y exige de las autoridades estatales el pronto esclarecimiento de este nuevo hecho de sangre, que nos siguen retratando ante el mundo como un país violento, inhóspito e irredento.