Así como cada año nos visita la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para hacer una evaluación económica, política y social para dar cumplimiento al artículo cuarto de su convenio constitutivo, desde 1997 las principales calificadoras de riesgo crediticio han venido opinando sobre el grado de confianza que los mercados pueden otorgarle al país, sobre la capacidad y disposición de cumplir con sus obligaciones financieras soberanas.
La primera calificación la realizó Moody’s como requisito previo a que, en agosto de 1997, se realizara la primera colocación de bonos soberanos de Guatemala en el mercado internacional. A partir de ese año, tanto Moody’s como Fitch Ratings y Standard & Poor’s, así como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), han venido calificándonos respecto del riesgo de incumplimiento de nuestras obligaciones financieras del sector público y, por añadidura, del sector privado.
Tanto Moody’s como la OCDE nos califican como Ba1 y 4, respectivamente; es decir, como un país con menor riesgo dentro de los niveles de países con riesgo especulativo, tan solo a un escalón de ubicarnos como un país de riesgo de inversión, igual que Colombia, Panamá, Paraguay o Serbia, apenas debajo de Rusia, Italia, México, Perú y Uruguay. Mientras que Standard & Poor’s y Fitch Ratings, nos ubican dos escalones abajo (BB-), a más distancia de superar el umbral del riesgo crediticio especulativo.
Desde la perspectiva de un análisis FODA de Guatemala, las fortalezas que identifican son: la estabilidad macroeconómica; una gestión fiscal y monetaria prudente; déficit fiscal y externo moderados; el flujo de remesas familiares; sólida liquidez y posición externa; y niveles razonables de deuda. Las debilidades son la baja inversión pública; moderada carga tributaria; débiles indicadores de gobernabilidad e institucionalidad; y bajos indicadores de desarrollo humano. Entre las amenazas señalan: el deterioro de los indicadores de desarrollo humano; la incertidumbre política; el deterioro potencial de la deuda; y la debilidad en los indicadores de institucionalidad y gobernabilidad. Entre las oportunidades están: lograr el fortalecimiento de la gobernabilidad; mejorar la administración tributaria y el funcionamiento correcto del sistema judicial e institucionalidad; e impulsar el crecimiento mediante más inversión. De manera que, para mejorar la calificación del riesgo-país, tendríamos que desarrollar nuestras fortalezas, corregir nuestras debilidades, enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Pero, ¿será que los planes gubernamentales, con el debido acompañamiento del liderazgo político, económico, académico y social habrá tomando en cuenta estas evaluaciones independientes? Planes hay muchos, pero ejecutorias pocas. Pospandemia COVID-19 y poshuracán ‘Eta’, no podemos postergar nuestro desarrollo. Quién con una luz se pierde.