Así como hace cuatro años los demócratas gritaron fraude cuando Donald Trump ganó las elecciones, ahora el turno es de los republicanos quienes deben presentar una evidencia concreta o correrán la misma suerte que sus opositores hace cuatro años. Pero mientras que se resuelve el merequetengue para decidir si Biden, Trump o un tercero (posibilidad muy remota pero no imposible) asume la presidencia de los Estados Unidos de América (EE. UU.) vamos a considerar lo que podría ser una administración de Joe Biden y cómo sería la lucha contra la corrupción en la región.
Primero, es importante derribar un gran mito que circula en redes sociales y en las opiniones de muchos y es que la CICIG no va a regresar a Guatemala con Joe Biden. El aspecto más importante a considerar sobre esto es que la CICIG vino a Guatemala por solicitud nuestra después de la elección que ganó Oscar Berger en el 2003. Si el actual gobierno no vuelve a presentar una solicitud igual o similar entonces nada pasaría. Segundo, recordemos que la CICIG fue un experimento de la Organización de las Naciones Unidas cuyo estatus como sujeto de derecho internacional fue tan confuso que los EE. UU. (independientemente de un gobierno demócrata o republicano) nunca haría algo así. La lucha contra la corrupción de los EE. UU. seguirá utilizando las herramientas con las que ya cuenta: cancelación de visas, ley Magnitsky y listados de personas con procesos judiciales en su contra o ya juzgados.
Es importante recordar que los países que componemos el llamado triángulo norte somos socios políticos y comerciales de los EE. UU. por lo que estos últimos buscarán mantener que eso no cambie, por lo que señalamientos directos a funcionarios públicos se darán solo en la medida que no afecten la estabilidad política como es el caso del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Cualquier cambio político podría llevar al poder a un gobierno que no esté alineado a los intereses de los EE. UU. por lo que considero que una administración de Joe Biden mantendrá una postura cautelosa.
Pero otro elemento que debemos considerar también es el fenómeno que en Relaciones Internacionales se conoce como causalidad estructural que explica cómo las acciones del presente pueden ser contraproducentes en el futuro. Asumamos que EE. UU. sí crea una comisión especial o implementa nuevas leyes contra la corrupción aplicables a Centroamérica. ¿Qué garantía existe que en un futuro estas disposiciones no sean utilizadas para promover otro tipo de intereses que EE. UU. tenga? En otras palabras, podrían ser estas disposiciones una herramienta para remover gobiernos democráticamente electos que no estén alineados a los intereses de EE. UU. Un breve repaso histórico a la política exterior estadounidense nos da razones de sobra para darnos cuenta que las probabilidades que esto sea así son demasiado altas como para arriesgarse.
‘@RawWagner’