El ex vicepresidente del Congreso de Guatemala es considerado por el gobierno de los Estados Unidos, como no elegible para ingresar a ese país. Él y su familia directa han sido designados públicamente por el propio secretario de Estado Mike Pompeo. En redes sociales, Pompeo deja claro que “los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana han socavado el Estado de derecho en Guatemala”. Además, en el mismo comunicado el secretario manifiesta que “seguimos ‘#unidoscontralacorrupción’ con nuestros socios en Guatemala”. En la misma semana, dos alfiles del desgobierno de Jimmy Morales son removidos de cargos diplomáticos, –estrategas estos de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)–. El fiscal Juan Francisco Sandoval, recibe un abrumador apoyo internacional del grupo de donantes conocido como el G-13, el cual incluye a los Estados Unidos. Desde la 20 calle y la avenida la Reforma, los mensajes del nuevo embajador William Popp muestran el retorno a una postura rígida que ratifica su compromiso de continuar apoyando la lucha contra la corrupción y la impunidad. Todo esto está ocurriendo desde el Departamento de Estado del presidente Donald Trump, quien, para muchos, su estadía en la Casa Blanca era la garantía de que los tiempos que se vivieron con la CICIG del comisionado Iván Velásquez habían quedado soterrados en la historia. Todo indica lo contrario, y parece ser que no se requerirá de una Casa Blanca demócrata para limpiar su patio trasero. Pensar que Alejos y Bac son los únicos parlamentarios que el Gobierno estadounidense considera personas corruptas que han socavado el Estado de derecho en Guatemala, es tan ingenuo como pensar que la corrupción se suscribe exclusivamente al Congreso de la República. Los tres organismos del Estado han sido sometidos por décadas a una cooptación sistemática; dejándose corromper por poderes fácticos de toda índole. Estos poderes han sido capaces de permanecer bajo el radar y descargar en sus títeres el protagonismo ante la sociedad, mientras los que realmente halan de las cuerdas continúan haciéndolo en total anonimato. Bueno, hasta que en el 2015 se puso al descubierto una fracción de este entretejido. Lo que hay detrás de personas como Alejos y Bac es más profundo y horizontal de lo que imaginamos. Las declaraciones del exministro Alejandro Sinibaldi prometen darnos otra dosis de realidad y cuando sea atrapado el prófugo exministro de Economía de Morales, gran sorpresa nos daremos de cómo se hacen billonarios en el trópico. Las caletas recién encontradas en una casa de La Antigua Guatemala tienen nombre y apellido, al igual que Q135 millones que desaparecen de un plumazo; el vuelto que se les permite llevarse a estos coimes del poder. La salida de la CICIG daba continuidad a estas estructuras, al menos mientras los Estados Unidos lo permitiera, como ocurrió al momento de ser esta expulsada. Pero mientras nuestro país siga siendo el vecino paria que exporta millones de personas indocumentadas y pone en riesgo su seguridad nacional, ni siquiera los intereses electorales de un presidente son sostenibles. No es novedad para el Departamento de Estado que en la corrupción y en la impunidad de sus protagonistas radica una gran parte del estancamiento y el subdesarrollo de la región. El apoyo de la Casa Blanca que recibió Morales fue coyuntural; bien manejada la coyuntura por sus estrategas. Sin embargo, podemos estar seguros de que no va a repetirse, al menos no con los que hoy salen del tablero. En temas migratorios y de seguridad nacional de Estados Unidos, que en términos locales se traduce al combate de la corrupción y la impunidad, podemos estar seguros de que de ahora en adelante veremos un frente unido bipartidista.