El presidente electo Joe Biden propone un reenfoque de la política migratoria de Estados Unidos. Todo cambio a la brutalidad y el desprecio con que Trump ha tratado a los migrantes centroamericanos, incluyendo a los niños, es bienvenido.
Biden sugiere volver a la política de 2014, que surgió como respuesta de emergencia a la crisis humanitaria de la niñez no acompañada. Pero el Plan Alianza para la Prosperidad no funcionó. Los gobierno involucrados de los países del norte de Centroamérica dijeron que bastaba con hacer más de lo mismo –de lo que nos ha llevado al fracaso–, pero multiplicando los fondos. Querían 20 millardos de dólares. El gobierno de Obama ofreció 700 millones de dólares para dos años, esperando que los centroamericanos pusieran la contrapartida. Y no pasó nada.
En la estrategia de Biden para Centroamérica se contemplan cuatro millardos de dólares para cuatro años. Esto es, medio millón de dólares al día para cada uno de los tres países que registran los mayores flujos de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. La cifra es poca o mucha, según se vea. Pero, de nuevo, estamos tomando el rábano por las hojas. Primero hay que sincerar el debate y tumbar los mitos, empezando por aquel que dice que los migrantes son indeseables.
Estados Unidos necesita a los migrantes centroamericanos para que su economía funcione. Genera 13 millones de empleos en la agricultura, construcción y servicios básicos, incluyendo servicios domésticos, y no tiene la suficiente mano de obra local. Necesita la fuerza laboral migrante para cubrir esa demanda. Nuestras economías en cambio ofrecen apenas dos empleos formales para cada diez jóvenes que buscan trabajo. Esa aritmética simple del mercado laboral transnacional es el punto de partida del debate. ¿Por qué no lo hacemos fácil?
Una política migratoria ordenada y segura debe respetar la condición ciudadana de los migrantes, es decir, debe regularizarlos con visas de trabajo temporales y cíclicas. Los impactos de una política migratoria sobre esa base serían extraordinarios para la movilidad social en nuestros países y reforzarían el tejido social. No necesitaríamos programas de cooperación de grandes dimensiones, difíciles de administrar y con bajo efecto en el desarrollo local.
Los migrantes regulares dinamizarían las economías nacionales invirtiendo sus ahorros en la adquisición de activos, elevando los rendimientos de la producción y los servicios, en alimentación, salud y educación. Abrirían círculos virtuosos que el sistema actual ha sido incapaz de fomentar; al revés, refuerza los círculos perversos.
La migración regular tendría impactos hasta en el debilitamiento de las redes criminales transnacionales, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas. Libraría a decenas de miles de migrantes irregulares de riesgos y amenazas indecibles en rutas cada vez más agrestes y poblaciones hostiles, donde ha echado raíces la xenofobia. Incluso disminuiría tensiones políticas entre y dentro de los países que forman el corredor geográfico migratorio de Centroamérica, México y Estados Unidos.
La pregunta, ¿por qué no lo hacemos?, va a quedar sin respuesta mucho tiempo, porque en el fondo, sospecho, a Estados Unidos le conviene la migración irregular. Su economía ahorra costos salariales, de seguridad social y otros los beneficios del Estado tutelar. Pero es momento de levantar esa pregunta en el debate migratorio que se avecina, gracias a que Trump ya no estará en la Casa Blanca. Estoy seguro que Biden y las fuerzas que lo respaldan podrían estar atentos a propuestas razonables. Ahora, ¿los gobiernos de la región serán capaces de formularlas?