En 2000 conduje el ejercicio prospectivo Guatemala 2020. El escenario más desagradable nos pintaba como Estado fallido: el crimen organizado enseñoreado en el territorio; gobernantes que no dan un paso sin consultar con sus “asesores”, los jefes de los carteles; fuerzas de seguridad, jueces y fiscales convertidos en empleados o socios de los grupos criminales; los servicios esenciales en ruina; el hambre y la miseria extendidas como plagas; el daño ambiental fuera de control, la economía destrozada y la corrupción como moneda de cambio.
En una palabra, se prevía la pérdida del centro del orden político. Estado fallido no necesariamente significa caos, pues opera un estricto orden paralelo informal. Significa que sobre la Constitución y las leyes, sobre la misión de las instituciones y los códigos de ética se impone la ley mafiosa.
¿Por qué tal escenario? Básicamente, porque las elites estaban demasiado concentradas contemplando sus ombligos y afanadas en engordar sus carteras a fuerza de privilegios, negocios bajo la mesa y transgresiones de la ley sin consecuencias. Desinteresadas del futuro de su país. Eso sí, viendo micos aparejados por todos lados y acudiendo a bazucas para cazar mosquitos.
La sociedad civil era capaz de elaborar agendas públicas interesantes, pero carecía de poder. Las organizaciones populares estaban fatigadas, la izquierda política era marginal y las clases medias padecían anomia. El cuadrante político e ideológico estaba desdibujado.
Como no se trataba de un ejercicio académico, sino para la toma de decisiones, siguieron las preguntas: ¿a quién le importamos, que sea poderoso y con una agenda civilizatoria? Por nuestra posición geográfica, a la comunidad internacional: somos fuente de inseguridad nacional para potencias como Estados Unidos.
Había que examinar las experiencias de “contratos” internacionales para la gobernabilidad democrática. Hubo tres: a) Transferencias de capacidades técnicas a las instituciones que, en dinámicas como la descrita, eran pérdida de dinero o, si mucho, tenían impactos apenas marginales; b) Misiones de verificación, como la Minugua, más interesantes para periodos de transición, pero sin capacidades para empujar decididamente una transformación (es más, Minugua advirtió durante una década sobre el riesgo creciente que representaban los CIACS para la democracia y el orden republicano, sin inmutar a las elites), y c) Operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, como las implantadas en Haití, una docena de países africanos y varias regiones del Oriente Medio.
Francamente convocar a los llamados Cascos Azules, parecía una exageración y, además, no convencía. La alternativa comenzó a dibujarse en 2001 y 2002 a raíz de patrones de hostigamiento de activistas humanitarios. Quedó en diseño en 2003, y finalmente adquirió vida legal en 2007, tras un escándalo de crímenes. Se le denominó CICIG. (Continuaré el lunes 28).