La celebración de elecciones es la base de la democracia representativa. Esto supone que los cuadros de gobierno se integren con representantes electos por el pueblo y no nombrados o autonombrados por camarillas gobernantes. Sin embargo, los políticos con vocación autoritaria o totalitaria, a lo largo de la Historia, han pretendido acceder al poder público o perpetuarse en el ejercicio de este, a través de una fachada democrática construida sobre procesos electorales o plebiscitarios controlados, amañados o fraudulentos. Son ejemplos elocuentes en ese sentido los casos de Adolfo Hitler (Alemania), Benito Mussolini (Italia), Manuel Estrada Cabrera (Guatemala), Fidel Castro (Cuba), Alberto Fujimori (Perú), así como, más recientemente, los casos de Vladimir Putin (Rusia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela).
En todo caso, la Carta Democrática Interamericana (OEA) establece que la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, es un elemento esencial de la democracia representativa.
Ayer se celebraron elecciones parlamentarias en Venezuela, por cierto rechazadas por las democracias occidentales, en las cuales no participó la oposición política, por falta de garantías electorales y políticas.
La dictadura de Maduro, en su obsesión por defenestrar a la oposición política del Legislativo, así como por exhibirse ante el mundo como una democracia, no solo montó una farsa electoral, sino que amenazó con no dar comida a quienes no voten (obviamente por la opción oficialista), lo que se traduce en no entregar las cajas de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que, irónicamente, se ha convertido en un programa clientelista gubernamental imprescindible para que la gente no se muera de hambre, en medio de la catástrofe humanitaria en la que está sumida la población venezolana. “Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, que es una falange política del régimen de Maduro.
En Guatemala, el clientelismo político, que es el intercambio de favores, ventajas y bienes por votos y apoyo político, ha sido la base de un “sistema electorero” que ha imperado toda la vida. Aunque, a raíz de la apertura política ocurrida durante el segundo lustro de la década de los 80, se perfiló una nueva autoridad electoral y se decretó una nueva Constitución, el sistema político electoral no cambió. La autoridad electoral se mantuvo subordinada a la clase política, lo que asegura una justicia electoral politizada y selectiva; tampoco se erradicó el nefasto clientelismo político; y, por otro lado, se otorgó a una autoridad electoral “reloaded” el monopolio de la financiación y del control de la propaganda, de la inscripción, rechazo y anulación de candidaturas a discreción, así como del registro, sanción y cancelación de partidos antojadizamente. La injerencia política de la jurisdicción constitucional en las elecciones también ha sido desafortunada.
Desde que fue juramentada la primera magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 30 de junio de 1983, los escrutinios y resultados electorales no habían sido cuestionados, salvo los de algunos municipios, lo que había dado pie a la repetición de los comicios edilicios; sin embargo, la manipulación generalizada ensombreció las elecciones de 2019. Lamentablemente, para que las cosas no pasaran a más, no se hicieron olas; y, finalmente, parafraseando al exdictador español, Francisco Franco, todo quedó atado y bien atado, en menoscabo de la democracia representativa, por supuesto.
En fin, muy poco ha cambiado en materia político electoral respecto de la década de los 70 y no se vislumbra que cambie mucho más; incluso, la actual magistratura del TSE no promete nada mejor. “Estamos mal, pero vamos bien”, afirmaba el expresidente argentino, Carlos Menem, en defensa de un ‘estatus quo’ insoportable. Lo peor es que seguimos obnubilados por una suerte de “gatopardismo”, radicado en el absurdo de que todo cambie para que nada cambie.