Durante los últimos 35 años (1985-2020), los guatemaltecos hemos venido escuchando de los gobiernos cómo financiar el creciente gasto público (siempre insuficiente) y no en cómo lograr la eficiencia (optimización de recursos) y eficacia (consecución de fines y metas) fiscal. Entendemos entonces que la estructura del Presupuesto estatal nunca ha sido programática y que el mismo siempre haya sido un instrumento por partidas, toda vez que lo que importa es el dinero que se asigna a cada renglón presupuestario y no la optimización del gasto (racionalidad, valor, pertinencia y finalidad). En fin, el objetivo toda la vida ha sido cuánto gastar y no en qué y cómo gastar.
Entonces, la discusión siempre gira en torno a aumentar los impuestos o elevar el endeudamiento público. Paradójicamente, la recaudación tributaria no ha aumentado proporcionalmente a las expectativas generadas por los “militantes tributarios”, debido, principalmente, a una incontrolable economía subterránea (contrabando, defraudación aduanera), a una insuperable incapacidad de cobranza por la vía legal, a una insufrible complejidad del sistema tributario, así como a decisiones legislativas erróneas (como la supresión de la planilla del IVA). A pesar de esto, los ingresos impositivos han venido aumentando paulatinamente, extremo que se atribuye a una mayor conciencia tributaria, aunque no puede negarse que el derroche y la corrupción inciden negativamente en la moral tributaria.
Dado que el déficit fiscal ronda alrededor del cinco por ciento anual, se ha venido recurriendo a la contratación de deuda pública (interna y externa), que incide cada vez más en la precaria capacidad de pago del Estado. Aunque, lo más grave es que ya se abrió la compuerta de la emisión inorgánica (billetes sin respaldo), que, indudablemente, se refleja en la tasa de inflación.
No obstante que hay consenso en torno a que el Estado debe satisfacer, con suficiencia y prontitud, las necesidades colectivas de seguridad, justicia, educación, salud, alimentación, infraestructura física y demás, la ciudadanía rechaza los programas clientelares, la burocratización, el incontenible financiamiento de los pactos colectivos de trabajo, así como la existencia del sistema paralelo de gasto público (fondos sociales, fideicomisos de ejecución de gasto público, secretarías y comisiones presidenciales, oenegés, listado geográfico de obras, Ministerio de Desarrollo Social).
La ciudadanía, con razón, demanda que las necesidades del Estado se satisfagan mediante el uso óptimo de los recursos escasos. Para este fin debe asegurarse una buena gestión pública, debidamente fiscalizada y sujeta a una insoslayable rendición de cuentas, así como que todos los agentes económicos, y no solo algunos, soporten las cargas colectivas, sin privilegios.
Por otro lado, la ciudadanía, con miras a que se garantice la calidad del gasto público, demanda que: 1) Se adopte el principio de equilibrio presupuestario, a fin de limitar o eliminar el déficit fiscal; 2) Se dicte una política pública de disciplina fiscal; 3) El Congreso cumpla con su obligación constitucional de aprobar o improbar la ejecución presupuestaria anual; 4) Se desmantele el sistema paralelo de gasto público y se fortalezca la capacidad ministerial y municipal; 4) Se apuntale el sistema de control y fiscalización; 5) Se regule la negociación colectiva de trabajo en el sector público y se imponga una sana meritocracia; 6) Se deduzcan responsabilidades legales en contra de los servidores públicos infieles y negligentes; y 7) Se adopte una política pública de austeridad, por la cual se erradique la erogación superflua y discrecional.
Por supuesto, la demanda de calidad del gasto público no impide que se dejen de atender o mejorar los servicios públicos, sino, por el contrario, asume que los funcionarios deben gastar con eficiencia y eficacia, que implica transparencia, fiscalización, racionalidad, priorización, prudencia y responsabilidad, así como la ética pública de que los recursos estatales tienen dueño, son escasos y extraídos de fuentes productivas.