Estamos próximos al fin de este año difícil, complejo y de mucha angustia para la mayor parte de la población. Debe reconocerse el esfuerzo de todo el personal médico que durante este COVID-19 y de todas las entidades y personas que han contribuido solidariamente a apoyar a las víctimas del virus, primero, y de las tormentas tropicales, después. Ante las catástrofes existe una tradición de apoyo y solidaridad en la sociedad guatemalteca. Lástima que no podemos decir lo mismo de la mayor parte de los políticos. Es inaceptable escuchar de actos de corrupción durante la tragedia y es responsabilidad de las autoridades denunciar y procesar a todo aquel que haya abusado de su cargo durante este año tan desafiante. Es momento de apoyar, con todo, la persecución del delito y no avalar el ataque a los pesquisidores.
El próximo año trae desafíos importantes que están a la vista. Empecemos con la importancia de los programas sociales de apoyo a los más afectados por las crisis de 2020, así como la necesidad de un mayor enfoque en el combate de la desnutrición infantil, de la mejora de la educación y de los servicios primarios de salud. Para esto, el gasto público focalizado, transparente y monitoreado por las comunidades es fundamental. Del lado económico es importante mantener la prudencia macroeconómica a la vez que se impulsa la inversión masiva en infraestructura con alianzas público privadas, de acuerdo al marco legal existente, y se desmitifica de una vez por todas los intereses corruptos y concepciones ideológicas trasnochadas que impiden el desarrollo de las carreteras, como en un tiempo impidieron la generación eléctrica eficiente y competitiva. Del lado de la justicia se sigue a la espera de la elección de Cortes y del inicio de un proceso serio de reforma del sector, así como el castigo severo a los innumerables casos de corrupción que han sido señalados por más de cinco años. Y esto es solo lo urgente, además hay reformas importantes que se requieren en la estructura misma del sistema.
Las autoridades nos hicieron sentir una brisa de confianza con sus promesas de cambio, rectificación y trabajo coordinado. Es fundamental que no queden en falsas promesas y marquen el inicio de un segundo año de gobierno efectivo y encaminado hacia resolver los desafíos coyunturales, a la vez que se inicien las reformas transformacionales que tanto requiere el país. No podrán hacerlo con autoritarismo, con opacidad o desprecio a la crítica. Tampoco con funcionarios que velen por su interés y no por el bienestar nacional. El fin de año es el momento propicio para establecer los mecanismos de construcción de consensos, los proyectos prioritarios, definir los cambios indispensables y cambiar el balance de fuerzas de la alianza nacional. Es tiempo de volver a la visión de país y dejar de lado los intereses particulares.
El compromiso con el combate a la corrupción es la primera y gran promesa que debe cumplirse. Es donde existen más dudas y pesimismo en la población. Un buen plan de acción para 2021 es la segunda de las prioridades. La agenda inconclusa en el Congreso, es también fundamental. Después vendrá la discusión de las reformas. No actuar con rapidez nos puede conducir a una crisis larga y complicada. Es tiempo de lograr un cambio de dirección y responder a las promesas realizadas, en campaña y en ejercicio del poder. La pandemia fue un factor negativo, fue la cuarta mayor causa de muertes en el país en 2020, pero no la razón de nuestros males mayores. Lo que más afecta a Guatemala es el sin fin de promesas no cumplidas. En 2021, es tiempo de cumplir.