El pasado viernes, la justicia inquisitorial de Bolivia declaró culpable a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, y la condenó a purgar una pena de prisión de diez años.
Áñez Chávez se encuentra encarcelada, bajo condiciones infrahumanas, desde hace 15 meses, en el contexto de un canallesco acto de venganza política perpetrado por el régimen castrochavista de Luis Arce Catacora, quien responde a una suerte de “maximato boliviano”, encabezado por el exgobernante Evo Morales, cuyo régimen socialista totalitario fraguó y consumó el escandaloso fraude electoral ocurrido el 20 de octubre de 2019, que fue documentado y denunciado por la OEA.
En todo caso, cabe recordar que Áñez asumió el cargo de presidenta interina de Bolivia después de que el exgobernante Evo Morales renunció, a raíz de las protestas masivas contra el fraude electoral perpetrado por Morales el 20 de octubre de 2019. El régimen castrochavista de Morales colapsó después de que la OEA publicó un informe de auditoría sobre las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019, en el que se denuncian graves anomalías, irregularidades e inconsistencias en el escrutinio.
Morales, antes y después de su renuncia, denunció la perpetración de un supuesto “golpe de Estado” en su contra, aunque la opinión pública nacional e internacional tuvo clarísimo que fue Morales quien atentó contra la institucionalidad democrática boliviana, ya que, por un lado, forzó, por la vía judicial, su postulación a la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución de Bolivia lo prohíbe expresamente, y, por otro lado, consumó un descomunal fraude electoral para impedir un balotaje entre él y el presidenciable opositor Carlos Mesa, ya que sabía que en una segunda vuelta perdería las elecciones. O sea que Morales perpetró un “autogolpe de Estado”, al igual que, en su momento, lo hicieron los gobernantes Alberto Fujimori en Perú, Nicolás Maduro en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua.
Por tanto, no hay duda alguna de que la caída de Morales no fue consecuencia de un “golpe de Estado”, aunque las cajas de resonancia bolivarianas hicieron eco a la infundada denuncia de Morales, sino que fue producto de que él se colocó al margen de la ley y lo que procedía era la aplicación de esta, así como la imposición de las respectivas sanciones penales, lo que no ocurrió debido a que la Fiscalía de Bolivia no imputó cargos a Morales, por “sedición”, casualmente un mes antes de que Arce accediera al poder (8 de noviembre de 2020).
Por cierto, Áñez garantizó la celebración de elecciones justas y limpias el 18 de octubre de 2020, en las cuales se eligieron presidente y vicepresidente, senadores y diputados. Arce, aupado por las huestes clientelares del Movimiento al Socialismo, cuyo jefe supremo es Evo Morales, resultó electo como presidente de Bolivia, lo que acreditó la transparencia e imparcialidad de los comicios.
Habrá que ver ahora si la OEA, la Unión Europea y el Gobierno estadounidense imponen sanciones al régimen castrochavista de Arce.