El crimen organizado constituye una amenaza compleja a las formas de convivencia democrática en América Latina y el Caribe. Hay una relación proporcionalmente inversa entre la salud de las instituciones y el vigor de las políticas democráticas con la expansión y el poder de las redes criminales. A más y mejor Estado democrático, cohesión social y mercados competitivos, menos relevancia de la amenaza criminal.
Cada uno de los capitales (económico, político y social) que acumulan esas organizaciones expresa un déficit de políticas democráticas, básicamente asociadas al predominio de enfoques punitivos de seguridad (incluyendo esquemas de militarización de la seguridad ciudadana), el concepto reduccionista del Estado y de sus funciones, incluyendo el abandono de políticas sociales universales; la deriva clientelar de los partidos políticos que renunciaron a su entidad como agentes de representación social, y la opacidad en el manejo de la administración pública.
La democracia avanzó en su dimensión electoral, pero no en la construcción de la ciudadanía económica, política y social. Las clases medias (con constricciones en cada ciclo recesivo de la economía) siguieron representando una minoría en casi todos los países, mientras el amplio mundo de la informalidad comercial y política también abonó terreno para los flujos ilícitos.
En varias regiones del hemisferio el Estado sigue perdiendo soberanía en territorios y población a costa de las redes criminales. Dentro del Estado también se conforman redes criminales que reconfiguran las prácticas electorales, disponen de la asignación discrecional del presupuesto público y llegan a normalizar la transgresión de las normas o el desorden jurídico de las Repúblicas, como se observa en Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
En una ruta zigzagueante tienden a convertirse en Estados mafiosos que provocan migraciones masivas forzadas, generando cuadros de crisis humanitaria y a veces graves desórdenes macroeconómicos.
El desapego ciudadano de la democracia (la adhesión al sistema democrático disminuyó del 63 por ciento al 49 por ciento en la última década, de acuerdo con el informe de Latinobarómetro 2021) les abre una avenida para ganar legitimidad alternativa o mayor poder de intimidación.
Las crisis financieras elevan a los capos criminales a la calidad de operadores de “milagrosos” salvatajes bancarios abriéndoles la puerta para ser admitidos en las élites tradicionales. La introducción de criptoactivos en economías con bajas capacidades regulatorias facilita el blanqueo de dinero y la expansión de economías ilegales. Esa codependencia económica, política y social constituye otra seria amenaza para la democracia.
Como vemos en demasiados países, las redes criminales impactan directamente en tres subsistemas de la democracia: socavan el Estado de derecho, subvierten el sistema político y dañan la integridad económica.