Como es del conocimiento de la opinión pública, los abogados Ranulfo Rojas Cetina y Marco Antonio Cornejo Marroquín, al momento de presentar la documentación respectiva ante la Comisión de Postulación de Candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en 2020, acreditaron, por medio de certificaciones extendidas por el decano de Derecho de la Universidad Da Vinci (UDV), abogado Juan Carlos Rodil Quintana, los grados académicos de doctor en Derecho Constitucional y de magíster en Derecho Penal, respectivamente.
La UDV, una universidad privada, constató que esas certificaciones no se apegaban a la verdad y la realidad, ya que los abogados Ranulfo Rojas Cetina y Marco Antonio Cornejo Marroquín no habían obtenido esos grados académicos al momento de presentar las referidas certificaciones ante la indicada postuladora.
Por tanto, a través de esos actos, supuestamente, se hizo incurrir en error a la referida postuladora en el proceso de evaluación de la capacidad, idoneidad y honradez de los mencionados abogados, quienes se presentaron como aspirantes a magistrados del TSE, y quienes, finalmente, quedaron incorporados en la nómina de 20 candidatos a magistrados del TSE que elaboró la indicada postuladora y que se sometió a la consideración del Congreso para la elección de los diez magistrados del TSE (cinco titulares y cinco suplentes).
Como consta a la opinión pública, los abogados Rojas Cetina y Cornejo Marroquín resultaron electos por el Congreso, el primero como magistrado titular del TSE y el segundo como magistrado suplente. Por cierto, en junio del año pasado, Rojas Cetina asumió como magistrado presidente del TSE, funge como tal y devenga el emolumento correspondiente.
En todo caso, ha trascendido que el exdecano Rodil Quintana quedó desvinculado de la UDV y que el Ministerio Público ha iniciado una investigación penal de oficio de los hechos relacionados, a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes, comenzando por el inicio del procedimiento de antejuicio, para despojarlos de la inmunidad inherente a los cargos de magistrados del TSE.
Sin duda, esta investigación penal es de suma importancia para la institucionalidad del TSE, la cual, por cierto, se ha visto erosionada debido a la pésima gestión de la anterior magistratura del TSE, lo que redundó en la pérdida de credibilidad ciudadana y desprestigio de la autoridad electoral, al extremo de que, según la encuesta de Latinobarómetro, solo el 17 por ciento de los ciudadanos tienen confianza en el TSE.
Para ninguno es un secreto que el próximo proceso electoral será un momento crucial para la autoridad electoral, por lo que se esperaría que no se pusiera en tela de juicio la independencia, imparcialidad y probidad de los magistrados del TSE.
Por cierto, cabe señalar que el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que presentó el TSE ante el Congreso dejó muchísimo que desear, porque, además de que no se apega a los resultados del trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, tampoco fortalece el proceso electoral ni profundiza la democracia representativa.