La infraestructura se cae en pedazos, y que conste que resulta imposible hablar de ‘infraestructura vial’, sin incluir a todos sus elementos colaterales: urbanismo, drenajes, colectores, terminales, transporte y demás. Ese es uno de los principales errores de algunas propuestas de ley, que fragmentan la vialidad del resto de infraestructura, bajo responsabilidad directa del Ministerio de Comunicaciones, el sistema municipal y diversas entidades descentralizadas. Este escribiente sostiene que hay suficiente financiamiento para acometer proyectos centrales y enfrentar la actual emergencia; sin embargo, ante problemas crónicos soluciones estructurales son las que se requieren.
Es evidente que no podemos seguir nuestra vida social y de relaciones productivas y demás ignorando que estamos ante una pandemia —que aún no tiene soluciones tajantes—, ante una emergencia climática de grandes dimensiones y ante un entorno internacional difícil que está empujando a miles de hogares a la hambruna y deteriorando el poder adquisitivo del quetzal.
El propio Gobierno de la República ha lanzado su Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania, la semana pasada, el que plantea “generar confianza e incentivas a los agentes económicos a mantener el consumo, la inversión y el empleo”. El mismo no plantea ni predice los efectos ambientales vistos desde el tiempo de su publicación, y menos los de los últimos días. Sin embargo, sí presenta en su última página el presupuesto necesario y los costos estimados por componente; y en el mismo se incluye la infraestructura, y principalmente el decreto 21-2022, que se refiere a la ampliación presupuestaria por Q3 mil 191 millones aprobada por el Congreso de la República para que el Ministerio de Comunicaciones repare las carreteras del país.
Si se observan con detenimiento las propuestas de proyectos de infraestructura planteadas en dicho decreto y se relacionan con los daños vistos a puentes, carreteras, colectores y demás infraestructura, pareciera ser que la clase política y los grupos de interés que pujan sobre el gasto público ignoran la pandemia, el cambio climático y abundantes temas vinculados con la problemática de la realidad guatemalteca actual.
Entonces, lo más lógico para empezar sería plantear que si el 47 por ciento de los recursos destinados para la emergencia —dado que se plantea un total de costos estimados de Q6 mil 741.8 millones—, son los del decreto mencionado, resulta vital entonces que el Organismo Ejecutivo envíe una iniciativa de ley buscando reprogramar una buena parte de tales recursos.
El paquete de proyectos del decreto mencionado fueron parte de la actividad congresil del primer trimestre del año, y lo que uno concluye es que en el medio la planificación de la infraestructura se hace de una forma no solo improvisada, sino ignorando temas centrales como la emergencia climática que hoy se observa.
La emergencia actual y sus secuelas resulta ser lo suficientemente grande, no solo para replantear el decreto indicado, sino toda la serie de compromisos hormiga del Sistema de Consejos de Desarrollo, que año con año se añaden al presupuesto, con escasos efectos multiplicadores, y lo que es más preocupante: sin adecuados estudios de preinversión.