En cualquier democracia funcional, la libertad de expresión y el derecho de manifestación son fundamentales; es decir, que bajo ningún parámetro pueden ser restringidos, y mucho menos criminalizados. Sin embargo, estamos viendo que el Estado está utilizando al sistema penal para criminalizar la protesta social.
Es de resaltar que la criminalización en los últimos años ha sido una constante. Defensores de derechos humanos, operadores de justicia, fiscales, periodistas y, ahora, hasta personas que manifiestan pacíficamente.
Desde el 2015 se han realizado manifestaciones de gran envergadura en forma periódica; el denominador común de estas ha sido el rechazo a la clase política por sus actos de corrupción e impunidad. La última gran manifestación de este tipo fue el 21 de noviembre de 2020, cuando miles de guatemaltecos y guatemaltecas nos hicimos presentes en la Plaza Central y sus alrededores para manifestar nuestro rechazo al gobierno de turno. Durante esa ocasión, la Policía Nacional Civil utilizó toda su fuerza y poder para repeler la manifestación. No escatimó recursos en bombas lacrimógenas y de otro tipo, camiones con mangueras a propulsión rociando con agua a manifestantes, golpes a periodistas y a personas particulares, así como capturas por el simple ejercicio del derecho constitucional y legítimo de manifestación.
Lo ocurrido la tarde y noche de ese sábado de noviembre fue una muestra de poder de la clase política y la institucionalidad, para mandar un mensaje a todas las personas que estamos inconformes con las arbitrariedades y la corrupción que campea libremente en este sistema fallido. Pero la represión no quedó allí. Meses después, el Ministerio Público sigue presentando sendas denuncias sin fundamento contra dos mujeres manifestantes, una de ellas es Nanci Sinto. Una denuncia sin fundamento legal y fáctico, para lo cual el Estado ha malgastado enormes recursos, que bien podrían utilizarse para otras necesidades del sector público. Un caso a todas luces sin fundamento, sin evidencias y que, incluso, planteó hechos inventados. En un país en donde el 95 por ciento de los hechos criminales quedan impunes, utilizar fiscales, forenses y jueces y otros recursos para perseguir y enjuiciar a Nanci es totalmente reprochable y abusivo.
Nanci tuvo que vivir por más de un año la zozobra de lo que significa ser perseguida por el Estado, por el simple hecho de manifestar. Es importante remarcar que está criminalización tiene un doble propósito: encarcelar a una mujer joven y mandar un mensaje a la ciudadanía de que si hacen lo mismo que Nanci tendrán el mismo fin. Casos similares han sucedido contra periodistas independientes y contra operadores de justicia que han investigado casos de enriquecimiento ilícito, como está sucediendo, lamentablemente, contra la fiscal Virginia Laparra.
Finalmente, un rayo de luz en este panorama tan sombrío fue el hecho de que Nanci fue absuelta de los cargos que se le imputaban. Prevaleció la justicia. Nanci y su equipo legal salieron con la frente en alto. Ojalá que esta historia no se repita más.