En política también ocurren las bancarrotas. Cuando un gobernante —ebrio de poder— dilapida su capital político, cae irremediablemente en crisis de insolvencia. Después de la operación Kiev, Giammattei hizo evidente que cayó en esa condición.
En los negocios las bancarrotas se declaran y los bienes se rematan para pagar deudas. En política la insolvencia no se reconoce. Hay mil trucos para disimularla. Ahí está la designación, hace apenas una semana, del PDH, su exasesor, con 141 votos apabullantes.
El primer círculo administra el reino de la concentración del poder sin precedentes y alienta las gestas contra molinos de viento, sin advertir que se precipitó el otoño.
Afuera, todos —tirios y troyanos, locales y extranjeros— ya constatan la bancarrota política. Y es que cualquier movimiento, cada palabra o iniciativa “audaz” del presidente son vistas con marcada sospecha.
Este es un síntoma de crisis de legitimidad, e implica que sus decisiones serán reprobadas y luego resultarán inviables. Al arribar al año electoral, un presidente en bancarrota política pasa a ser uno más de los actores en el escenario y deja de representar la centralidad del Estado, en este caso, del Pacto.
Definitivamente, la arena internacional no es lo suyo. Allí ha escenificado eventos bochornosos. En agosto de 2010 se refugió en la embajada de Honduras denunciando un atentado inminente del Gobierno; después de unos días fue expulsado. En octubre de 2019 intentó entregar al opositor Juan Guaidó la invitación al acto de su investidura, y en 45 minutos fue expulsado de Venezuela con su pasaporte italiano.
En diciembre de 2021 viajó a Washington, mientras Biden celebraba con un centenar de presidentes la Cumbre por la Democracia, de la cual fue excluido. Hace un mes volvió a Washington para reclamar que la CIDH metió a su gobierno al mismo “cuartito” con Venezuela por violaciones de los derechos humanos.
Es el primer presidente de la era democrática sin acceso a los altos mandos de la Casa Blanca. Claro, echó por la borda la interlocución política que le ofreció la vicepresidenta Kamala Harris en junio de 2021.
Ahora viajó a Kiev —con más traje de fatiga que el propio presidente Zelenski—, donde reclamó con firmeza los derechos humanos de los ucranianos, expresando respaldo para la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de guerra de Putin y su ejército.
Cometió un grave error de cálculo. El simbolismo es tardío y proyecta una condición de agobio. Sandra Torres y Zury Ríos —sus aliadas que ya no quieren serlo— tomarán nota del sofoco internacional y no les resultará tan difícil ampliar influencias en las Cortes y el Tribunal Electoral para no hacer depender de la voluntad suprema de Giammattei que ellas corran o no en el 2023.
P. D. ¿Y la nota de la Embajada de EE. UU. saludando la visita a Kiev? Es la buena educación diplomática, que no borra el pasado ni cambia el futuro.