Una característica de varios de los nuevos gobiernos calificados como de izquierda en América Latina es la búsqueda de un nuevo contrato social, con cambios en las constituciones, en la legislación o en la organización del gobierno con el fin de establecer una nueva relación entre los ciudadanos y el Estado. Generalmente se conciben como alternativas a la estrategia adoptada en América Latina a partir de la década de 1980, que incluyó privatizaciones, la liberalización comercial y financiera, desregulaciones y la reducción del papel del Estado no solo en la economía, sino también en ámbitos territoriales y en áreas sociales como la educación y la salud.
Este proceso desgastó al Estado con privatizaciones, concesiones o delegaciones del poder sin contrapesos. Surgió una nueva relación entre el Estado y la sociedad dominada por una élite política que aprovechó el desgaste estatal para acudir a la corrupción como articuladora de su poder, y por una élite económica, en parte ilícita, que aprovechó los nuevos espacios dejados vacíos por un Estado cada vez más precario a nivel nacional y territorial. La frustración y rabia de grandes sectores de la población latinoamericana ante el desgaste de un Estado incapaz de atenderlos, ha dado lugar a amplias coaliciones que ahora buscan alterar la retorcida relación entre Estado y sociedad impulsada por élites políticas y económicas al amparo del experimento neoliberal iniciado en la década de 1980.
El cambio de esta relación necesariamente será gradual, con altibajos. La naturaleza democrática de los nuevos gobiernos, a diferencia de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, les impone límites. Varios gobiernos sin mayorías legislativas, como ocurre en Honduras, Chile y Colombia, tendrán que negociar entendimientos para asegurar que los cambios se orienten en una dirección favorable, pero sin la capacidad de lograr todo lo que pretenden.
La reforma constitucional en Chile ya lo anuncia. Con encuestas que apuntan a que pueda ser rechazada, se vislumbra el inicio de una negociación que incluso podría ser favorecida por el rechazo, pues la gran mayoría del pueblo chileno tampoco apoya la constitución vigente, impuesta por una dictadura militar. En Colombia el ministro de Hacienda designado ya ha anunciado que pretende iniciar un diálogo y evitar una confrontación con los empresarios más poderosos del país. En México López Obrador se ha concentrado principalmente en depurar al Estado, volverlo austero, independizar el ejercicio político del económico, y reducir el grado de captura a que estaba sujeto el Estado por parte de intereses económicos lícitos e ilícitos.
Se trata de reconfigurar la relación entre el Estado y la sociedad, difícil debido a la propia precariedad del Estado: a partir de su debilidad debe demostrar que puede beneficiar a las mayorías. De ser un socio privilegiado de minorías, debe convertirse en el socio confiable de las mayorías.