Los presidentes civiles autócratas no desmantelan la democracia de un solo golpe. La excepción a esa regla fue Jorge Serrano (1991-1993), cuyo golpe de Estado de todos modos fracasó en pocos días tras el asedio de empresarios liberales, la rebeldía de la prensa independiente y la división en el Ejército y los partidos opositores.
Los presidentes autócratas desmantelan la democracia paulatinamente, de manera imperceptible para la población. Mediante hechos en apariencia aislados y con propósitos acotados los cuales, una vez obtenidos, permitirían en teoría que el sistema democrático retorne a la normalidad.
Esa fue la percepción cuando desataron la persecución contra la fiscal general Claudia Paz, en la víspera de entregar el cargo (2014). Incluso cuando impidieron que la también fiscal Thelma Aldana corriera como candidata presidencial (2018) y desataron contra ella una cacería feroz (2019) que la orilló a gestionar asilo político en EE. UU.
La destitución en julio de 2021 del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y su inmediata persecución penal, desveló la tendencia, considerando además que constituía un desafío abierto a la administración Biden, tras la petición expresa de la vicepresidenta Kamala Harris (y la promesa de Giammattei de cumplirla). Acto seguido se desató el acoso contra decenas de fiscales, jueces y magistrados.
Para entonces el Pacto ya había capturado todas las instituciones de justicia y no quedaba árbitro imparcial dispuesto a aplicar las garantías procesales. Así, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas fueron abandonando el país ante la amenaza o el riesgo de ser encarcelados de manera arbitraria, como sigue siendo el caso de la fiscal Virginia Laparra tras permanecer seis meses aislada en una prisión, a pesar de su condición de salud tan vulnerable.
La captura de Jose Rubén Zamora constituye otro hito fundamental en el desmantelamiento de la democracia. Zamora es sinónimo de denuncia pertinaz de la corrupción y de defensa de las libertades civiles. Protegido por los más conspicuos empresarios liberales, es sin duda el periodista más relevante del periodo democrático.
A falta de recursos penales de incriminación, contra Zamora se ha montado una operación de inteligencia clandestina bastante burda, que escandalosamente el juez Freddy Orellana le ha concedido un barniz de legalidad, sin consideración de las víctimas civiles inocentes: la fiscal auxiliar Samari Gómez y la directora financiera de elPeriódico Flora Silva. Ellas son el “daño colateral” de la protodictadura corporativa, que he dibujado en anteriores notas.
El caso Zamora es un parteaguas con al menos tres impactos derivados: 1. El arranque del silenciamiento total de la prensa independiente; 2. La neutralización de los empresarios que favorecen el Estado de derecho y modelos de negocios modernos, y 3. El asedio de toda disidencia política y eliminar la competencia electoral en 2023.