El presidente Giammattei ha enfrentado eventos inesperados (o cisnes negros como les dicen), que le han afectado su capacidad de gobernar. Recordamos el caso Gerardi en tiempos de Arzú; el paro nacional contra la reforma tributaria de Portillo; el caso Pavo Real en tiempos de Berger; el destape de La Línea de Aduanas en época de Pérez; el enfrentamiento de Morales con la CICIG; y la pandemia del COVID-19 al inicio del actual gobierno.
Hay gobiernos que han llegado al poder por el voto de los ciudadanos, como el presidente Morales, quien fue visto como alguien diferente, efecto de las manifestaciones de la plaza central en 2015, mientras otros ganaron con una diferencia marginal de votos como en el caso de Arzú, o el actual presidente que obtuvo votos no tanto a su favor, sino por el rechazo a su contendiente.
Mientras Arzú y Portillo, por decisión popular, tuvieron mayoría parlamentaria, otros gobernantes han tenido que negociar para conseguir diputados suficientes para gobernar y terminar haciendo su voluntad en el ámbito legislativo. Acuerdos políticos que son muy normales en los sistemas parlamentarios, son vilipendiados en los regímenes semipresidenciales, porque generan muchas suspicacias sobre la forma de asegurar las coaliciones o aplanadoras.
Según encuestas recientes, el presidente de Guatemala tiene una aceptación del 20 por ciento, no obstante que al principio de la pandemia superó el 85 por ciento. Lamentablemente, a estas alturas ha cosechado el rechazo e inconformidad de diferentes estamentos de la sociedad, algunas atribuibles al presidente y otras que, por la coalición política conseguida y como consecuencia del control de virtualmente todas las instancias institucionales del país, se intuye como un solo poder bien articulado.
Están los adversarios políticos que, conforme se acercan las elecciones, arreciarán sus críticas al gobierno, buscando que la ciudadanía se decante por una opción que signifique un cambio no solo de autoridades, sino del rumbo del país. Están los afectados por temas concretos, desde los perjudicados por el hundimiento de la carretera al Pacífico, hasta los 48 Cantones, que adversan la iniciativa de ley sobre la responsabilidad de policías y militares, o los inconformes por la elección del nuevo Rector de la Usac, o por el encarcelamiento del periodista Zamora, entre muchos otros.
Llama la atención que colectivos no solo se pronuncian en contra del Gobierno, sino también en contra de los otros colectivos que no les acuerpan en sus demandas. No cabe duda de que la desconfianza es mayor que las inconformidades, lo cual favorece el actuar gubernamental que, con todo y sus luces y sombras, ha logrado estabilidad y resultados en materia macroeconómica, apuntalados por las remesas de migrantes que han tenido que buscar afuera las oportunidades que su propio país no les brinda. Las elecciones son, entonces, la expectativa.