La crisis energética ya está afectando a la competitividad de España en los mercados internacionales. La última actualización del Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC), que el Ministerio de Industria elabora cada tres meses para hacer un seguimiento de «la competitividad exterior de la economía española», reconoce que en el segundo trimestre del año –en pleno impacto de los efectos de la invasión rusa de Ucrania – la posición competitiva de España se deterioró frente a sus principales mercados competidores: la Unión Europea y, más en concreto, la zona euro. El informe de Industria atribuye este deterioro a la escalada imparable del IPC, que el pasado mes de julio se disparó hasta el 10,8% y ensanchó hasta casi dos puntos el diferencial de precios con la zona euro, y también al mayor encarecimiento relativo del valor de las exportaciones en España frente a sus grandes competidores. Según los datos que elabora el departamento que dirige Reyes Maroto, España lleva más de un año perdiendo competitividad con el grueso de las economías del euro, el mercado que adquiere más de la mitad de los bienes y servicios que presta en el exterior y del que proceden entre el 35 y el 40% de los bienes y servicios que adquiere en los mercados exteriores. En este periodo, las exportaciones de España a la zona euro han pasado de suponer casi el 56% del total a significar menos del 53%. La baza económica de contener los salarios Con la inflación doméstica disparada y cada vez más alejada del nivel medio de los países del euro y el valor unitario de las exportaciones encareciéndose un 1,2% más que en la zona euro y un 3,6% que en el resto de la UE, sólo los costes laborales –determinados por la evolución de los salarios– están sosteniendo la competitividad precio de la economía española en sus principales mercados. Así lo reconoce el informe del Ministerio de Industria que sitúa los costes laborales unitarios como el único factor determinante de la competitividad-precio de la economía española que está evolucionando de manera más favorable que en las principales economías competidoras del país. Mientras los costes laborales unitarios no habrían subido e incluso habrían caído ligeramente en España, en Alemania, Italia, Francia o Países Bajos se han elevado a razón de 2,3%, 3,2%, 1,9% y 0,7%, generando una ventaja competitiva que está compensando de alguna manera la evolución menos favorable tanto de los precios generales de la economía como del valor de las exportaciones. MÁS INFORMACIÓN La CEOE avisa a las empresas: la subida de sueldos debe ligarse al empleo y la productividad Lo que dicen los datos del Ministerio de Trabajo es que en los convenios rubricados hasta el pasado mes de julio los salarios experimentaron una subida media del 2,56% , muy lejos del nivel en el que se está moviendo la inflación desde hace un año, en tanto que los sueldos de los más de tres millones de trabajadores a sueldo de las administraciones públicas han aumentado un 2%. Esta situación, sin embargo, podría empezar a cambiar. UGT y CC.OO. ya han avanzado que iniciarán una ola de movilizaciones en empresas en las próximas semanas si no empiezan a firmarse subidas salariales más generosas e incluso desde el Gobierno la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , no solo ha alentado las demandas salariales de los sindicatos en las empresas sino que ayer reclamó que el Salario Mínimo crezca «más que nunca» ante el actual contexto. El asunto amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión en la conversación sobre política económica en España. Tanto el Banco de España como de una forma menos contundente la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , se han mostrado a favor de contener las subidas salariales para impedir alentar efectos de segunda ronda que cronifiquen la inflación en el tiempo y que erosionen más aún la ya dañada competitividad de la economía española. Sobre la mesa también el célebre pacto de rentas, que empresarios y sindicatos no pudieron alcanzar en las conversaciones de primavera, pero que continúa siendo la prioridad número uno del Gobierno para garantizarse paz social y una evolución moderada de salarios y márgenes empresariales ante las turbulencias que se avecinan.